En Madrid, el 17 de julio, se ha convocado una reunión crucial por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con las Comunidades Autónomas, según han informado diversas fuentes regionales. Este encuentro, que tiene lugar en el marco de una Comisión Sectorial de Medio Ambiente, abordará varios temas, siendo uno de los más destacados la aprobación de informes sexenales imprescindibles para su remisión a Bruselas antes de que finalice el mes de julio, entre los cuales se incluye el censo del lobo.

De acuerdo con información suministrada por fuentes del MITECO a Europa Press, en el caso de que alguna Comunidad Autónoma (CCAA) no respalde el censo del lobo, el Gobierno podría enviar el informe a Bruselas destacando las discrepancias existentes con ciertas comunidades.

La cuestión del censo del lobo iba a ser discutida en la Comisión Sectorial de Medioambiente a finales de junio; sin embargo, las CCAA lideradas por el Partido Popular solicitaron una nueva reunión tras expresar mediante una carta que no habían recibido la información necesaria con antelación, algo que el MITECO posteriormente desmintió.

Esta Comisión—que incluye a directores generales en lugar de consejeros autonómicos—ha sido objeto de críticas por parte del PP, que la calificó de un encuentro cargado de “tono agresivo, despectivo y con falta de respeto”. Además, las comunidades autónomas dirigieron una carta a la ministra Sara Aagesen reclamando la dimisión de Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, por su comportamiento durante la reunión.

Fuentes internas del MITECO han indicado que el censo del lobo muestra un incremento de 333 manadas, un 12% más que la cifra anterior, estimando que hay entre 1,600 y 1,700 ejemplares. Con base en estos datos, se ha señalado que la especie se encuentra en un estado “desfavorable” en España, lo que impide la aplicación de “controles letales” según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024.

A lo largo de la Comisión Sectorial, varias CCAA expresaron su preocupación por lo que consideraron una “profunda deslealtad institucional”, haciendo hincapié en que se estaba divulgando un documento estatal que no había recibido la aprobación correspondiente por parte del órgano competente, la Conferencia Sectorial. A su juicio, esto no se alineaba con el exhaustivo análisis técnico que cada comunidad había elaborado.

En respuesta, la ministra Aagesen afirmó en una carta que su departamento ha actuado “siempre de buena fe y con respeto institucional”, y confió en que la próxima reunión se desenvolverá en un marco de “diálogo constructivo y cooperación entre administraciones”.

Asimismo, Aagesen destacó que el informe sexenal referente al lobo, correspondiente al período 2019-2024, no había sido divulgado públicamente hasta ese momento. Reiteró que este documento fue enviado a las CCAA el 26 de junio, justo un día antes de la reunión de la Comisión Sectorial.

En otro ámbito, el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de las disposiciones de la Ley 1/2025 que regula la Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, las cuales, en la práctica, permiten la reactivación de la caza del lobo en España.