El juicio ha sido programado para este martes en la Audiencia de Valladolid.

VALLADOLID, 14 Ene.

La Fiscalía de Valladolid ha solicitado condenas de tres años de prisión para Brígida F.P., una mujer de sesenta años, y Salvador S.B., hombre de cincuenta años. Ambos serán juzgados este martes 16 de enero en la Audiencia de Valladolid, acusados de dedicarse a la venta de cocaína y heroína en el barrio de Las Delicias. Salvador S.B. se encargaba de las labores de vigilancia en la zona.

El juicio se llevará a cabo en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid. La acusación pública ha propuesto provisionalmente una pena privativa de libertad de tres años para ambos acusados, así como multas por un valor de 60 euros, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

En el caso de Salvador S.B., la acusación pública ha aplicado la atenuante analógica de drogadicción, ya que se ha demostrado que en el momento de los hechos era consumidor de heroína y cocaína y sufría de una alteración moderada de las capacidades cognitivas y volitivas.

La investigación se inició tras recibir varias informaciones sobre una mujer sospechosa de vender drogas en las calles Aaiún y Caamaño, en las cercanías del barrio de Las Delicias. El Grupo VIII de UDYCO de la Comisaría Provincial de Valladolid estableció dispositivos de vigilancia en la zona para comprobar la existencia del delito e identificar a los posibles implicados.

Después de llevar a cabo las investigaciones, se descubrió que la mujer realizaba numerosas ventas de drogas en las proximidades de su vivienda, donde también se encontraba su hijo, A.N.F., quien tenía una orden de arresto vigente dictada en 2019 por un juzgado de Segovia debido a intento de homicidio. Sin embargo, este último no está involucrado en el caso de tráfico de drogas.

La función de Salvador S.B., el tercer detenido y segundo acusado, era aparentemente realizar labores de vigilancia en la zona para detectar la presencia policial, según el escrito fiscal.

La investigación, que comenzó a principios de diciembre de 2020, fue difícil debido a las extensas medidas de seguridad tomadas por los detenidos para llevar a cabo las transacciones. El 3 de febrero de 2021, se llevó a cabo un amplio dispositivo policial con participación de la Unidad de Intervención Policial (UIP), guías caninos y personal de la Policía Judicial para detener a los investigados y al acusado.

Los agentes incautaron 1.245 euros, que estaban ocultos en billetes fraccionados de pequeña cuantía.

Además del delito contra la salud pública, en su momento se les imputó un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda no contaba con un contador eléctrico y se encontró un enganche ilegal a la red comunitaria. Sin embargo, la acusación pública ha decidido solicitar el sobreseimiento de este cargo debido a la dificultad de demostrar la autoría del enganche ilegal.