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Exresponsable económico de Gesturcal denuncia irregularidades en facturación de obras en 'La Perla'

Exresponsable económico de Gesturcal denuncia irregularidades en facturación de obras en 'La Perla'

En Valladolid, el responsable de Área Económica y Financiera de Gesturcal durante los años 2006 y 2008, Pascual Alfonso Pérez, ha destacado que ciertas obras realizadas en el Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), conocido como 'La Perla Negra', generaron conflictos en la sociedad porque no fueron encargadas ni ejecutadas por ella, sino por la Agencia de Inversiones ADE.

En el octavo día de juicio en la Audiencia de Valladolid por delitos de prevaricación, malversación, revelación de secretos y tráfico de influencias contra doce acusados, incluidos exaltos cargos de la Junta y empresarios, el testigo mencionado, actualmente en el área de Intervención de la Administración regional pero en la época investigada responsable de contabilizar las facturas en Gesturcal, ha señalado los "problemas" con el pago de algunas facturas por obras encargadas por la Agencia de Inversiones ADE.

Específicamente, el testigo se refirió a una factura de 380,554 euros por trabajos de telecomunicaciones y datos en 'La Perla' y a otra de casi 243,000 euros por el acondicionamiento del edificio norte.

"Al no haber sido encargadas ni ejecutadas por Gesturcal, no estábamos autorizados para intervenir en ellas, por lo que se decidió buscar una solución llevando los acuerdos de esas obras ante el Consejo de Administración de la sociedad", dijo Pascual Alfonso Pérez, al igual que con una tercera factura posterior de 1,884,000 euros por trabajos de modificación en el interior del edificio.

En el caso de esta última factura, el responsable económico de Gesturcal mencionó que tuvo que ir a la Consejería de Economía y Empleo para recoger un documento con la firma del entonces secretario general de dicho departamento, el acusado Rafael Delgado, que validó la operación para que pasara por el Consejo de Administración de Gesturcal.

A lo largo de su testimonio, Pascual Alfonso Pérez también aclaró que durante su gestión en el Área Económico y Financiera, Gesturcal no recibió ayudas del presupuesto de la Junta y que en la etapa previa a su fusión con ADE Parques, la sociedad "no registró pérdidas".

Por otro lado, Fernando Vallelado, tesorero general de la Consejería de Hacienda, a diferencia de lo afirmado en otra sesión por la entonces consejera de este departamento, Pilar del Olmo, quien mencionó que no tenía sentido controlar a Gesturcal porque sus operaciones no se contabilizaban como deuda de la Junta, sí consideró que la deuda contraída con la compra de 'La Perla' en 2009 y la adquisición de terrenos en Portillo en 2010 se contabilizaban como deuda pública.

Vallelado explicó que recibieron autorizaciones para ambas operaciones y que Tesorería General solo daba el visto bueno, sin entrar en la decisión de realizarlas o no, ya que su función era velar porque la Junta de Castilla y León respetara el nivel correspondiente de endeudamiento.

En cuanto a los testimonios, el exdirector gerente de Gesturcal en 2011, Mariano Gredilla, mencionó que la crisis de la época obligó a la Junta a tomar medidas de ahorro, como la rebaja de salarios a funcionarios y revisión de contratos de alquiler de sedes administrativas, la cancelación de algunos y el traslado de personal al edificio de Arroyo en cuyo proceso de alquiler participó de forma directa.

En relación a las auditorías realizadas, Francisco Rabadán señaló que las cuentas de Gesturcal entre los años 2006, 2007 y 2008 fueron aprobadas sin objeciones, mientras que el auditor Daniel Fraga Romero confirmó que las cuentas de la sociedad entre 2009 y 2011 cumplieron con las normas contables.

El juicio se reanudará el próximo 1 de abril a las 09.30 horas. El proceso judicial examina la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron promovidas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo para beneficiar a ciertas empresas a través de sociedades públicas de la Junta.

Las solicitudes de condena varían desde los 79 años que pide la Fiscalía para los doce acusados, hasta los 221 años solicitados por el Partido Socialista de Castilla y León y los 20 años reclamados por la Junta, para ocho de los encausados.