VALLADOLID, 18 de septiembre. La Audiencia de Valladolid está preparando un juicio programado para los días 23 y 24 de este mes contra un empresario de origen rumano, quien enfrenta serias acusaciones por violar los derechos de los trabajadores. Se le imputa haber contratado a trabajadores de origen marroquí en situación irregular para realizar trabajos agrícolas sin proporcionarles contrato ni inscripción en la Seguridad Social.

Según fuentes jurídicas que han compartido información con Europa Press, la Fiscalía exige una pena de tres años de prisión para el acusado, conocido como Florinel M.C. o "Marius", así como una multa de 4,500 euros y la obligación de indemnizar a sus cinco víctimas con un total de 4,000 euros.

Los delitos se habrían producido en varios periodos a lo largo de 2021 y 2022, cuando Marius operaba como empresario individual en el sector agrícola. Este individuo contrató a empresas españolas para realizar diversas tareas agrarias, como la recolección de patatas, la vendimia y la poda, empleando a trabajadores marroquíes que se encontraban en situación de irregularidad en el país.

Las víctimas, que en total son cinco, se encontraban en una situación de precariedad tal que no podían firmar contratos laborales ni ser dadas de alta en la Seguridad Social. A pesar de esta injusta situación, Marius supuestamente se aprovechaba de ellos, imponiéndoles condiciones laborales que, según la acusación, son claramente ilegales.

En cuanto a la retribución, los trabajadores eran remunerados con apenas 20 euros por cada "jumbo" de patatas recogido, seis euros la hora en vendimia y entre 12 y 15 céntimos por cada poda. Además, era común que los trabajadores debieran abonar tres euros a Marius por el transporte a los campos de trabajo.

Asimismo, la acusación sostiene que el empresario manipulaba los plazos de pago de los servicios prestados para mantener a sus empleados en constante dependencia, creando así una situación de vulnerabilidad y explotación laboral que se debe erradicar. Este caso pone de relieve la necesidad de garantizar los derechos laborales en todos los sectores y prevenir abusos que afecten a los trabajadores más desprotegidos.