VALLADOLID, 25 de noviembre. La situación en las Cortes de Castilla y León se torna cada vez más tensa tras la reciente ampliación de la denuncia presentada por una funcionaria contra el secretario general y letrado mayor, Marcos Herrero, por presunto acoso laboral. En este nuevo documento, la denunciante expone que las supuestas acciones del señalado continúan y se han exacerbadado, sugiriendo que podrían derivar en un posible delito de prevaricación, sin descartar la implicación de terceros en el asunto.

La funcionaria, que inicialmente presentó la denuncia el 8 de abril de 2024, ha decidido ampliar la causa ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, revelando que los actos cuestionables del investigado no han cesado desde su primera denuncia. A través de esta ampliación, busca informar a la juez sobre la evolución de los hechos y las irregularidades que ha vivido en su entorno laboral.

A pesar de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había declarado nulo el cese de la funcionaria, que ocurrió en mayo de 2022, ella ha denunciado que Herrero ha puesto múltiples obstáculos para su reincorporación. Critica que su restablecimiento en el puesto de Jefatura de Servicio no solo fue tardío, sino que desde su regreso el 7 de agosto no ha podido, en la práctica, desempeñar sus funciones adecuadamente ni acceder a su despacho.

Poco después de su vuelta, en un período que coincidía con las vacaciones de la empleada, Herrero le notificó que su posición sería ocupada por otro individuo y que ella sería cesada de nuevo. Esta decisión se modificó temporalmente, pero el cese definitivo estaba previsto para el 5 de septiembre, lo que refuerza las acusaciones de acoso que ella sostiene.

El informe de la funcionaria también señala coincidencias inquietantes entre fechas de decisiones administrativas y sus circunstancias laborales. Por ejemplo, el mismo día que se decidió su reintegración, se aprobó una reforma en la Relación de Puestos de Trabajo que abría la Jefatura de Servicio de Gestión Administrativa a aspirantes de la Escala de Ingeniería, lo que puede sugerir un plan orquestado en su contra.

Asimismo, señala que quien ocupó su puesto tras su primer cese provenía de la Escala de Ingeniería, lo que añade una capa extra de preocupación a la situación. El 7 de agosto, fecha en que ella recibió el alta médica para volver a trabajar, se tomó la decisión de convocar su puesto a libre designación, lo que ella percibe como un intento deliberado de socavar su posición.

Entre lo que ella describe como "casualidades", la funcionaria también menciona que tras presentar un informe sobre irregularidades graves en el Servicio de Gestión Administrativa, se decidió adjudicar su puesto a otro funcionario de la Escala de Ingeniería ese mismo día, un acto que interpreta como represalia.

La denunciante afirma que su actual posición en el Servicio de Gestión Parlamentaria está vacía de contenido y que ha estado desatendida durante dos años, cualificando esta situación como un esfuerzo deliberado por mantenerla alejada de las cuestiones vinculadas a la contratación pública y personal. Añade que su regreso ha implicado condiciones laborales inferiores, aislamiento, un nivel jerárquico más bajo y una menor remuneración.

Además, critica que se está dificultando su acceso a otros puestos que podrían corresponderle, como los de interventor y viceinterventor, al imponer un requisito que le resulta excluyente, a pesar de haber pertenecido a la escala requerida durante más de dos décadas en la Junta de Castilla y León.

También resulta desconcertante, según su denuncia, que tras haberse declarado desierta la primera convocatoria de un puesto en el que se pedían diez años de antigüedad, la organización decidiera reducir el requisito a ocho años de forma arbitraria, sabiendo que la denunciante solo cuenta con siete años de antigüedad en las Cortes.

Por si fuera poco, la ampliación de la denuncia destaca que el presidente de las Cortes de Castilla y León, así como la Mesa y la Junta de Personal, tenían conocimiento de los hechos contradictorios que ha denunciado la funcionaria, amparados tanto en comunicaciones verbales como en escritos detallados.

Se alega que se solicitaron medidas para cesar el acoso y demandaron responsabilidades, así como información sobre las actuaciones del secretario general. Sin embargo, la Junta de Personal, en un informe de 44 páginas remitido al Juzgado, sostiene que no tiene conocimiento de actos que constituyan acoso laboral y minimiza las preocupaciones planteadas por la denunciante, describiendo sus quejas como carentes de fundamento y argumentando que no ha habido un patrón claro de abuso en su entorno laboral.