La Junta de Castilla y León ha concedido una serie de ayudas a fondo perdido con un valor total de 21,1 millones de euros. Estas subvenciones están destinadas a inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación, infraestructuras vitivinícolas y estructuras de comercialización en el medio rural de la región.

El impacto de estas subvenciones se estima en una inversión global de aproximadamente 56 millones de euros en el medio rural de Castilla y León. Es importante destacar que el 93% de las empresas beneficiarias son pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales recibieron el máximo porcentaje permitido de ayuda, el 40%.

El objetivo principal de estas ayudas es mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola en la región y su adaptación a las demandas del mercado, al mismo tiempo que se busca incrementar su competitividad.

La mayoría de los fondos se destinarán a la modernización de maquinaria, instalaciones y equipos de las bodegas, con el fin de mejorar su eficiencia y su sostenibilidad. Aspectos como el ahorro de energía, la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la gestión de subproductos y residuos fueron criterios considerados al seleccionar los proyectos de inversión.

Estas ayudas se distribuirán entre un total de 69 bodegas, y movilizarán una inversión global de 55,6 millones de euros. La subvención media otorgada equivale al 37,95% de la inversión total.

En cuanto a los beneficiarios, el 93% de las empresas son pymes, las cuales recibieron el máximo porcentaje permitido de ayuda, que es del 40% según las normativas comunitarias.

Esta serie de ayudas están enmarcadas en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), que forma parte del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023/2027, y están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA). Cabe destacar que este es el primer año en que se aplica la nueva normativa.