VALLADOLID, 19 de noviembre.

En un desarrollo sorprendente del caso conocido como la trama eólica, Rafael Delgado, antiguo viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, se enfrenta a serias acusaciones por haber creado una compleja red de sociedades 'fantasma'. Según reveló una inspectora de Hacienda durante la sesión del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Valladolid, el objetivo de estas sociedades era camuflar un movimiento financiero que se considera asociado a sobornos, donde Delgado sería el único beneficiario. La situación se complica dado que uno de los socios de estas mercantiles, el abogado Jesús Rodríguez Recio, ha sido señalado como su presunto 'testaferro'.

La jornada de hoy ha sido crítica para los acusados, ya que el testimonio de la inspectora de Hacienda fue respaldado por las declaraciones de otro experto que expuso una extensa lista de sociedades pantalla y transacciones financieras, revelando lo que calificó como "circuitos" en Mónaco y Suiza. Entre 2007 y 2012, se abrieron cuentas en estas localidades que canalizaron más de tres millones de euros en lo que se describió como 'dádivas', dinero que posteriormente fue 'repatriado' a las empresas de Delgado.

Durante su intervención, la especialista detalló el análisis patrimonial de Delgado, resaltando sus cuentas bancarias y las de sus sociedades: Samuño Activos, Delgado Núñez Consulting, y Trough Trade. Según la perito, las dos primeras son ficticias mientras que la tercera actuaba como una 'caja' que financiaba diversos gastos del acusado, incluyendo una costosa televisión y un vehículo de lujo. Estos gastos, sumados a los alquileres de propiedades vinculadas a sus empresas, fueron destacados como pruebas de un uso indebido del dinero.

Además, la inspectora puso en evidencia la falta de justificación en ciertos ingresos, como transacciones de 12.000, 18.000 y 72.000 euros desde la sociedad Delgado Núñez Consulting hacia Delgado. También mencionó retiros en efectivo de Trough Trade que ascienden a 104.000 y 37.000 euros en 2011 y 2012, lo cual levantó sospechas por sus cantidades redondas y recurrentes. Describió estos movimientos como "muy relevantes" y reveladores de un posible encubrimiento.

Otro aspecto interesante surgió en relación a un exviceconsejero que, según su abogado y amigo, tenía una caja fuerte en su casa de Valladolid donde acumulaba fondos desde los años 90. La inspectora cuestionó la credibilidad de esta explicación, ya que los montos habrían pasado de pesetas a euros, lo que generó incertidumbre sobre su origen legal.

En la misma línea, otro inspector de Hacienda presentó evidencias que sostenían que estas estructuras societarias fueron creadas principalmente para ocultar 'dádivas' y facilitar el blanqueo de capitales. Tal como subrayó el experto, si las transacciones fueran legítimas, no habrían requerido rutas a través de países como Mónaco y Suiza, ni una reticulación tan intrincada de empresas.

En este escenario ya altamente complicado, el inspector apuntó a Delgado, Rodríguez Recio y el fallecido Francisco Aguirre como figuras centrales en un esquema que permitió la distribución de más de tres millones de euros en sobornos. Este proceso se habría iniciado en 2008 y continuado hasta su culminación en 2012, cuando el capital fue 'repatriado' a cuentas de las empresas vinculadas a Delgado.

La sesión finalizó con avances por parte de los abogados defensores, quienes ya esbozaron las estrategias que sus clientes seguirán durante sus testimonios programados para diciembre. Rafael Delgado, por medio de su abogado, ha manifestado su disposición a responder a todas las preguntas, mientras otros acusados como Rodríguez Recio limitarán sus declaraciones a cuestionarios específicos. A la espera de definiciones, el resto de los encausados aún no ha decidido su enfoque ante la corte.