El juicio más reciente en torno al escalofriante Crimen del Lago ha concluido con condenas significativas para los principales acusados, un hombre y una mujer, quienes enfrentarán penas de 22 y 17 años de prisión, respectivamente. Esta decisión fue emitida por la Audiencia Provincial de Zamora, que ha determinado su responsabilidad en el asesinato con alevosía de un hombre de 70 años.

Por otro lado, en un giro inesperado, el tribunal ha decidido absolver al tercer implicado, que había sido acusado de ser cómplice y de facilitar los medios necesarios para llevar a cabo el crimen. En relación con la indemnización, se ha establecido que la hija del fallecido recibirá 120.000 euros a pagar por los dos condenados.

La sentencia detalla que los hechos ocurrieron entre las 07:00 del 23 de diciembre de 2019 y la misma hora del 27 de diciembre de ese año. Durante ese periodo, los dos acusados se desplazaron en un Renault Laguna junto a su víctima hacia un área cercana al Lago de Sanabria, un entorno que se ha convertido en el escenario de este trágico suceso.

Según las pruebas presentadas, los condenados viajaron desde la localidad portuguesa de Chaves hasta un lugar conocido como Pozo Muerto, situado a la orilla del río Tera. Previamente, ambos habían suministrado a la víctima un medicamento que le provocó somnolencia, lo que le impidió defenderse de sus atacantes.

Una vez en el lugar señalado, la pareja ató al hombre con un saco de cal viva utilizado en la agricultura, escondiendo la parte inferior de su cuerpo en una bolsa. Para garantizar que no pudiera identificarse en caso de ser encontrado, le cubrieron los ojos y la boca con cinta americana y le quitaron cualquier documento de identificación.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue arrojado al río con la intención de acabar con su vida, resultando en su trágica muerte por asfixia por sumersión. Las investigaciones revelaron que la mujer había actuado impulsada por el deseo de obtener un beneficio financiero, ya que continuó recibiendo las pensiones que se abonaban a la cuenta bancaria del fallecido tras su asesinato.

Esta situación justifica la severa condena de 22 años impuesta a la mujer, quien buscaba enriquecer su patrimonio de manera ilícita, mientras que su cómplice fue sentenciado a 17 años. La resolución del tribunal destaca la gravedad del delito y la premeditación del mismo, reflejando la necesidad de justicia en un caso tan perturbador.