VALLADOLID, 10 de septiembre.

Este lunes, 15 de septiembre, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid dará inicio a un macrojuicio que ha sido denominado la 'trama eólica'. Durante un período que se extenderá por 43 semanas hasta enero de 2026, catorce individuos relacionados con la concesión de permisos para parques eólicos en la comunidad de Castilla y León se enfrentan a un proceso judicial. Este caso surge a partir de denuncias sobre presiones ejercidas por empresas promotoras, las cuales, aparentemente, fueron obligadas a incluir en su accionariado a firmas locales como una condición indispensable para obtener las aprobaciones necesarias por parte de la administración regional.

El anterior macrojuicio por el caso de 'La Perla Negra' ha dejado un precedente, y ahora la acción legal, que abarca más de 11.000 folios de documentación, avanza a juicio tras pasar por la fase de instrucción. Entre los encausados se encuentran tres personas que ya habían sido condenadas en el caso anterior: el exviceconsejero Rafael Delgado y los empresarios Germán José Martín Giraldo y Francisco Esgueva, quienes cumplen penas de prisión que van de siete meses a dos años y medio.

Las sesiones iniciales de este juicio, que se llevarán a cabo hoy y mañana, están destinadas a abordar cuestiones previas y posibles acuerdos. La fase de testimonios comenzará el 6 de octubre. Aunque al principio se acusaba a dieciséis personas, uno de los imputados, el empresario Marc Nodelar, ha sido excluido por problemas de salud y otro, Manuel Ordóñez, falleció antes del juicio.

Participarán en el juicio no solo el Fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado como acusaciones, sino también, en calidad de acusación popular, Ecologistas en Acción, así como seis acusadores más que representan a las empresas afectadas, según informaron fuentes judiciales a Europa Press.

El instructor del caso, en noviembre de 2021, decidió llevar a juicio a los dieciséis acusados, que enfrentan un total de 138 años de prisión y multas que superan los 848 millones de euros. El juez también les otorgó un plazo de diez días para que depositaran fianzas con el fin de cubrir estas multas, tal como lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

El juez también incluyó a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria de posibles indemnizaciones que se requieran al exviceconsejero Rafael Delgado, si este no cumple con las obligaciones económicas establecidas. En concreto, las indemnizaciones superan los 24,1 millones de euros, con diferentes montos de responsabilidad solidaria asignados a empresas como Iberdrola y Sinae Inversiones Eólicas.

La acusación más severa se dirige a Rafael Delgado, quien ocupó cargos relevantes en la Consejería de Economía entre 2003 y 2011, con una pena de hasta 42 años y una multa de 239 millones de euros. Otros implicados, como los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, enfrentan solicitudes de penas que van de 12 años a varios millones de euros en multas.

La trama eólica surgió cuando la Junta de Castilla y León identificó el sector de energías renovables, especialmente el eólico, como un área estratégica para diversificar la economía de la región. Bajo esta premisa, se impulsó una estrategia que favorecía la entrada de empresas locales en proyectos eólicos, coordinada por el entonces viceconsejero Rafael Delgado junto con el fallecido Tomás Villanueva. Juntos, implementaron un plan que exigía a los promotores ceder participación a empresas locales en sus proyectos bajo la amenaza de no obtener la autorización necesaria.

El esquema en cuestión consistía en favorecer a empresas con vínculos previos a Delgado y otros altos funcionarios, garantizando que estas obtuvieran participaciones significativas en los proyectos aprobados. Este proceso incluía crear condiciones en la normativa que justificaran esta participación forzada, como retrasar las autorizaciones hasta que las empresas locales estuvieran involucradas. El objetivo era claro: asegurar beneficios económicos para un selecto grupo de empresarios a expensas de la transparencia y la legalidad.

Un claro ejemplo de esto es el empresario Alberto Esgueva, quien ganó 47 millones de euros a través de un convenio con Iberdrola, tras una mínima inversión inicial. A su vez, el caso principal, Instrucción 4, reveló supuestas 'mordidas' que superan los 80 millones de euros, implicando a altos funcionarios y empresarios en la aceleración de trámites de parques eólicos entre 2000 y 2015, con cargos que van desde prevaricación hasta blanqueo de capitales.