En Burgos, la alcaldesa Cristina Ayala ha reafirmado su postura respecto a las propuestas de VOX para controlar los empadronamientos ilegales, señalando que estas deben pasar por la Reunión de Coordinación del Ayuntamiento. Ayala recordó que, según la normativa vigente, ella como alcaldesa es la máxima autoridad con capacidad para dar instrucciones a la Policía Local.

Las medidas anunciadas por el vicealcalde y el concejal de Seguridad de Vox, que incluyen inspecciones y visitas domiciliarias para verificar los empadronamientos y detectar posibles casos de inmigración ilegal, fueron respondidas por Ayala quien explicó que esta iniciativa previamente fue descartada en el Pleno de mayo por falta de tiempo y urgencia.

La alcaldesa también resaltó que la regulación de los empadronamientos ya recae en la Policía Local, mientras que otras competencias corresponden a la Policía Nacional.

Ayala calificó la propuesta como electoralista y se desvinculó completamente de ella, asegurando que ni el Grupo Popular ni ella están de acuerdo con las medidas propuestas. Asimismo, desmintió las afirmaciones del vicealcalde Martínez-Acitores sobre la implementación de las medidas, destacando que solo la alcaldesa tiene la autoridad para dar instrucciones a la Policía Local.

El tema será debatido en la Reunión de Coordinación del Ayuntamiento el próximo martes. Por otra parte, la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, indicó que es difícil proporcionar ayuda social a personas sin el requisito del empadronamiento, ya que los asistentes sociales evalúan cada caso de manera detallada.

Ballesteros añadió que se realiza un seguimiento continuo de las ayudas otorgadas, y el presidente del PP en Burgos, Borja Suárez, subrayó la importancia de que la Policía Local cumpla con sus competencias sin extralimitarse. Suárez destacó que se trata de hacer cumplir la ley en un debate que considera impostado por las circunstancias actuales.