VALLADOLID, 21 de enero

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado un análisis exhaustivo de hasta siete propuestas destinadas a reducir los gastos energéticos de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, con la meta de alcanzar un "coste cero". Aunque esta iniciativa ha sido recibida con atención por los agricultores, estos demandan que se reconozca de manera permanente el acuerdo de 1995 que los eximía de estos costes.

En una reunión celebrada este miércoles, la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, se encontró con representantes de la Comunidad de Regantes, encabezados por su presidente, Herminio Medina. Este encuentro se produjo después de las protestas llevadas a cabo el lunes, donde aproximadamente 300 regantes manifestaron su descontento frente a la sede de la CHD, y un grupo de ellos ocupó el lugar durante varias horas en oposición a los costes del suministro energético y el mantenimiento de la estación de Villalobar.

Durante la reunión, Lafuente destacó que el ambiente fue "cordial" y se mostró optimista sobre el desarrollo de un plan que espere alcanzar el "coste cero", una demanda tanto de los regantes como de la propia CHD. "Tenemos un objetivo común: que el Páramo Bajo no incurra en gastos eléctricos, y trabajamos para lograrlo", afirmó la presidenta.

Lafuente hizo hincapié en que la CHD está comprometida a proporcionar la "cobertura jurídica necesaria" para el acuerdo que benefició a la Comunidad de Regantes. Explicó que, aunque los agricultores han disfrutado de esta exención durante años, carecían de un soporte legal sólido que formalizara este beneficio.

La presidenta anunció que se propondrán distintas soluciones, que deberán complementarse, ya que no existe una única vía para resolver la problemática. Una de las opciones ya en marcha, implementada en 2023, es el 'sifón energético', que conecta la producción de la central de Sahechores con el consumo de la estación de Villalobar, permitiendo un ahorro del 33% en el consumo energético.

Además, la CHD contempla la posibilidad de establecer contratos de suministro eléctrico que reduzcan aún más los costes energéticos, dependiendo de las condiciones del año hidrológico y de los precios del mercado energético.

Entre las medidas propuestas también se encuentra la construcción de un parque solar fotovoltaico que podría abastecer directamente a la estación elevadora. Este proyecto requerirá la colaboración de la Dirección General del Agua y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Asimismo, la CHD evaluará la posibilidad de aprovechar la energía reservada de las grandes instalaciones hidroeléctricas, para lo cual han mantenido conversaciones con empresas del sector energético.

Posteriormente, se acordó que ambas partes establecerían un calendario de trabajo y realizarían nuevas reuniones para continuar el diálogo. Durante este tiempo, se instó mutuamente a analizar las propuestas junto a sus respectivos equipos jurídicos.

La CHD se está enfocando en ofrecer soluciones prácticas y viables más que en validar el acuerdo de 1995, del cual los agricultores aún esperan respuestas. Lafuente aclaró que "no es un proceso sencillo", dado que las exenciones deben estar respaldadas por una normativa legal adecuada.

Herminio Medina, presidente de la Comunidad de Regantes, expresó su satisfacción por el acercamiento mostrado en la reunión y valoró las propuestas presentadas. Sin embargo, subrayó que su organización siguen demandando el reconocimiento formal del antiguo acuerdo, que ha regido sus actividades durante casi tres décadas.

Medina enfatizó la necesidad de "formalizar" el acuerdo para asegurar su vigencia y recordó que se trató de un compromiso profundo por parte de las autoridades de aquel entonces. Reveló que en una reunión futura planea informar a otros regantes sobre las medidas discutidas, aunque prevé que muchos se opongan a cualquier cambio que no garantice la continuidad del acuerdo.

Ahora, los regantes enfrentan una complicada situación financiera, con deudas que ascienden a 60 millones de euros. Están decididos a proteger su patrimonio y no dudarán en organizarse, incluso posiblemente movilizarse en Madrid, para defender sus derechos. Aunque conscientes de los riesgos, estos agricultores están plenamente comprometidos con la lucha por su comunidad y su futuro.