24h Castilla y León.

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La defensa de Bravo argumenta que el fiscal afirma que él y Delgado se entendieron con una mirada para sobornar.

La defensa de Bravo argumenta que el fiscal afirma que él y Delgado se entendieron con una mirada para sobornar.

VALLADOLID, 14 de enero (EUROPA PRESS) — Este miércoles, en medio del juicio que investiga una supuesta 'trama eólica', la defensa de Ricardo Bravo, exdirectivo de Iberdrola, solicitó al tribunal que lo declare inocente. Este caso, que ha captado la atención pública durante los últimos cuatro meses en la Audiencia de Valladolid, involucra a once acusados en una presunta conspiración relacionada con la distribución de permisos para parques eólicos en Castilla y León.

En su intervención, el abogado de Bravo rechazó las acusaciones del Fiscal Anticorrupción, quien alega que su cliente ha cooperado en delitos de cohecho y prevaricación, supuestamente colludido con Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía. La defensa argumentó que la imputación de prevaricación es infundada, puesto que el fiscal no había presentado dicha acusación en la apertura del juicio, lo que, según el abogado, vulnera el derecho a una defensa adecuada.

El abogado también deslegitimó las acusaciones de cohecho, señalando que el fiscal no ha demostrado de manera clara quién inició las supuestas conspiraciones. Parafraseando el argumento del fiscal, sugirió irónicamente que sería tan absurdo como afirmar que Bravo y Delgado simplemente se encontraron y decidieron cometer un delito en un gesto casual. Además, el defensor argumentó que la prescripción de estos delitos se encuentra en juego, dado que han pasado más de 20 años desde que comenzó la investigación.

El defensor, durante su extensa exposición, criticó al que llamó “testigo estrella” del fiscal, Ricardo González Mantero, quien, tras ser investigado, luego fue considerado testigo, a pesar de su implicación en los acuerdos bajo sospecha. La defensa enfatizó que no se ha presentado prueba alguna que demuestre que Bravo colaboró con Delgado siguiendo instrucciones del entonces consejero económico, Tomás Villanueva, para manejar las autorizaciones necesarias para el desarrollo de los parques eólicos.

“No hay evidencia, ya sea directa o indirecta”, manifestó el defensor, que comparó la estrategia del fiscal a un DIY de Ikea, sugiriendo que se basaba en material circunstancial y no en hechos concretos. El abogado también mostró su sorpresa ante la decisión del fiscal de retirar cargos contra otros exdirectivos de Iberdrola, lo que parece resaltar una irregularidad en el tratamiento de su cliente, quien es tratado como un “lobo solitario” dentro de la empresa.

En el debate, también se observó la entrada de socios locales en proyectos de energía eólica, una práctica común en diversas regiones en ese momento. La defensa subrayó que la participación de Iberdrola era coherente con lo que hacían otras grandes empresas en el sector, como Endesa y ACS, y que las transacciones con socios como San Cayetano y Andrés Martín de Paz se realizaron dentro del marco legal. Los montos de las transacciones, detallados por la defensa, fueron descritos como reflejos del valor real de las participaciones, no como sobornos.

Por otro lado, el defensor de María del Mar Moreno, exesposa de uno de los acusados, también solicitó una sentencia absolutoria, argumentando que su cliente ha sido arrastrada al proceso por su vínculo matrimonial con el imputado, a pesar de no tener relación con los hechos que se le atribuyen. Explicó que las supuestas dádivas, temas centrales en su acusación, no se sostienen, y consideró que esta accionar judicial ha generado un sufrimiento innecesario para su clienta.

Finalmente, el abogado de Andrés Martín de Paz solicitó también la absolución de su cliente, expresando su frustración por la naturaleza de la acusación, la cual considera injusta y desproporcionada. Se vio conmovido al hablar de la presión que ha enfrentado su cliente por una causa que, a su juicio, carece de fundamento.

Este juicio se aproxima a su cierre, con los informes que concluirán la fase oral previsto para la próxima semana. Se sabe que un grupo de acusados, los hermanos Llorente del Grupo Collosa, afrontan igualmente una solicitud de seis años de prisión y multas que alcanzan los 45 millones de euros, lo que subraya la magnitud y la complejidad del caso en curso.