VALLADOLID, 22 de diciembre.

La Dirección General de Industria de Castilla y León ha establecido nuevas tarifas para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que comenzarán a aplicarse en 2026, con un aumento previsto del 3%. Este incremento está alineado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, que abarca el período de octubre de 2024 a septiembre de 2025. La normativa fue dada a conocer el lunes a través del Boletín Oficial de Castilla y León.

Las tarifas revisadas para las inspecciones periódicas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, no incluyen impuestos ni otros cargos adicionales. Así, se ha determinado que el costo por el componente de seguridad sea de 15,58 euros para vehículos de categoría L, que incluyen ciclomotores y motocicletas, 30,95 euros para automóviles y vehículos de hasta 3.500 kilos, y 40,93 euros para aquellos que superen este peso.

En cuanto a las tarifas para el control de emisiones, los precios se incrementarán a 7,89 euros para vehículos con motor de gasolina con catalizador, 15,60 euros para diésel de hasta 3.500 kilos, lo que llevaría el total a 46,55 euros para un turismo diésel ligero, y 22,73 euros para vehículos diésel de mayor tonelaje. Además, se ofrecerá una segunda revisión sin costo adicional si se hace dentro del plazo estipulado.

Para las inspecciones vinculadas a reformas en vehículos, el coste se reducirá a la mitad en casos donde no haya una revisión periódica completa; esto se traduce en 7,79 euros para la categoría L, 15,48 euros para vehículos de hasta 3.500 kilos, y 20,41 euros para los que superen ese peso, además de 9,83 euros por la gestión administrativa. Las inspecciones extraordinarias para vehículos importados tendrán un costo de 120,18 euros.

Asimismo, el servicio de pesaje voluntario se fijará en 3,80 euros. La normativa también subraya las competencias de la comunidad autónoma en cuanto a la ITV, las cuales fueron transferidas mediante reales decretos en 1982 y 1984, y se han ajustado a las directivas europeas y distintos acuerdos sectoriales relacionados con vehículos que han sufrido accidentes o que pertenecen al Espacio Económico Europeo (EEE).