La justicia avanza en el caso de la desaparición y muerte de Esther López, una joven cuya trágica historia ha conmocionado a la localidad de Traspinedo, en Valladolid. El Juzgado de Instrucción número 5 ha decidido proseguir con la investigación y ha dictaminado que el caso sea juzgado por un tribunal del jurado, ante la gravedad de los delitos que se imputan, que incluyen asesinato, homicidio doloso, maltrato al cadáver, y omisión del deber de socorro, entre otros.

A pesar de este impulso, la jueza ha señalado que existen diligencias adicionales que deben ser llevadas a cabo antes de que se pueda abrir el juicio oral. Según el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, esta decisión se fundamenta en la necesidad de recabar más información que podría ser crucial para el futuro del procedimiento.

Las indagaciones en curso sugieren que tras haber estado en un bar local, Esther se retiró con el principal sospechoso, Óscar, y otro individuo hacia una zona de bodegas. Posteriormente, se trasladaron en el vehículo de Óscar a una vivienda asociada con su familia. Después de estar juntos, se registró la desgarradora escena en la que él, tras provocar un atropello, no solo no auxilió a la joven, sino que, según las evidencias, esperó entre una y tres horas hasta que comprendió que ella ya había fallecido.

La gravedad de las acciones descritas en el auto judicial es escalofriante: se alega que Óscar ocultó el cuerpo y lo desechó en una ubicación donde finalmente fue encontrado. Se ha documentado que tanto Óscar como Esther habían consumido alcohol durante la noche en la que ocurrió la tragedia, un detalle que podría influir en el entendimiento del suceso.

Como parte del proceso, la juez ha ordenado que el investigado deba constituir una fianza de 205.000 euros para poder cubrir posibles implicaciones económicas en caso de ser hallado culpable. Esta decisión podría ser revisada dependiendo de lo que arrojen las nuevas diligencias, las cuales fueron solicitadas por la defensa del acusado durante una audiencia celebrada el 20 de diciembre.

De forma proactiva, la jueza ha solicitado que se tomen declaraciones de varios agentes de la Guardia Civil y otras personas que participaron en las búsquedas de Esther, con el objetivo de completar el rompecabezas de lo sucedido aquel fatídico día.

Además, se ha requerido a la Guardia Civil que localice y entregue las grabaciones capturadas por drones en las zonas de búsqueda pertinentes. Sin embargo, ciertas solicitudes, como la práctica de ciertos testimonios y la incorporación de un video que podría resultar relevante, han sido desestimadas por la juez al considerar que no aportarían pruebas útiles al caso.

Este rechazo ha sido un duro golpe para la defensa de Óscar, quien ha pedido el sobreseimiento del caso alegando falta de pruebas. La abogada de defensa, Ana Pérez, sostiene que no hay evidencia concluyente que demuestre que el cadáver de Esther estuviera en la cuneta desde su muerte o si había sido trasladado a ese lugar tras haber permanecido en otro sitio previamente.

La defensora también ha puesto en duda las implicaciones de su cliente argumentando que no se encontró evidencia de la joven en el vehículo de Óscar, a pesar de que sí se hallaron ciertas partículas en la ropa de Esther que no coincidían con la pintura de su automóvil. La abogada enfatiza que la pequeña abolladura encontrada en el coche pudo ser causada después de su intervención por las autoridades y que no hay suficientes razones para acusar a su cliente de un atropello deliberado.

Con este trasfondo, la juez también ha considerado improcedentes otras solicitudes de testigos y peritajes en esta fase, resaltando el derecho de la defensa a presentar pruebas durante el juicio oral. Sin embargo, esto no impide que la decisión actual pueda ser apelada, lo que añade más incertidumbre al proceso judicial.

A medida que el caso continúa su evolución, las acusaciones por parte de la Fiscalía están basadas en un cargo de homicidio y omisión del deber de socorro, mientras que las acusaciones que representan a la familia de Esther han calificado la conducta del investigado como asesinato, detención ilegal, y otros delitos graves.