VALLADOLID, 18 de diciembre.

En un anuncio que marca un paso significativo hacia la equidad en los salarios, el Consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha hecho pública la aprobación de un decreto ley que prevé un aumento del 2,5 por ciento en las retribuciones del personal público para el año 2025, seguido de un incremento del 1,5 por ciento en 2026.

Además, se ha indicado que existe la posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación supera el 1,5 por ciento en el próximo año, lo que demuestra una proactividad del gobierno ante las crecientes preocupaciones económicas que afectan a los trabajadores públicos, según lo explicado por el portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Fernández Carriedo también ha informado que este decreto será enviado a las Cortes para su convalidación, y ha confirmado que los ajustes correspondientes se abonarán en enero de 2026, momento en el que ambos incrementos se reflejarán en las nóminas de los empleados del sector público.

Este movimiento gubernamental se fundamenta en la "necesidad urgente" de adaptar los salarios a la economía actual, en línea con el Real Decreto-ley 14/2025 emitido por el Gobierno central, que busca garantizar el bienestar de los trabajadores en el ámbito público.

La normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyl), lo que garantiza que los empleados públicos comenzarán a recibir de manera efectiva los aumentos aprobados. Un paso que sin duda contribuirá a mejorar la calidad de vida de quienes se dedican al servicio público en la comunidad.