VALLADOLID, 14 de diciembre.

La Junta de Castilla y León, junto a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), ha hecho un llamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que remita a la Comisión Europea el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, que ha sido aprobado y que informa sobre su "estado favorable" en las regiones atlántica y mediterránea.

El gobierno regional y las OPAs han realizado un análisis de la actual gestión del lobo en España, especialmente en Castilla y León, ante las recientes modificaciones legislativas tanto a nivel europeo, con la Directiva Hábitat, como en el ámbito nacional, donde se ha aprobado la Ley 1/2025 sobre la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.

Estas transformaciones normativas han facilitado la gestión del lobo para los Estados miembros, al integrar todas las poblaciones de este animal en el anexo V de la Directiva Hábitat, lo que posibilita la implementación de medidas de gestión, según informaron fuentes de la Junta a través de un comunicado de Europa Press.

Además, con la entrada en vigor de la ley de prevención de pérdidas y desperdicios, las poblaciones de lobo del norte del río Duero han sido retiradas del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Así, se ha decidido la eliminación automática de las poblaciones del sur del río Duero de este listado, una vez que se modifique la Directiva para incluir todas las poblaciones de lobo en el anexo V.

Por lo tanto, tras la reciente modificación de la Directiva Hábitat, todas las poblaciones de lobo en Castilla y León, tanto al norte como al sur del río Duero, ahora están incluidas en el anexo V, lo que permite la ejecución de medidas de gestión sobre la especie.

No obstante, y según la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2024, independientemente de la categoría del anexo en la que se clasifique al lobo, este no puede ser cazado si su estado de conservación se considera "desfavorable", según los informes sexenales.

En relación con esto, la Junta ha señalado que el Gobierno de España aún no ha enviado a la Comisión Europea el informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024, incumpliendo la obligación de hacerlo antes del 31 de julio de 2025, argumentando la necesidad de evaluar el impacto de los incendios forestales en las poblaciones de lobo.

Sin embargo, la Junta ha remarcado que esta justificación no es válida, ya que el informe abarca hasta 2024 y no requiere la evaluación de 2025.

De hecho, el informe aprobado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 14 de julio confirma que el estado de conservación del lobo es favorable en ambas regiones, atlántica y mediterránea.

Por esta razón, tanto la Junta como las Organizaciones Profesionales Agrarias han exigido al Ministerio el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva Hábitat, así como la aplicación de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.

En esta misma reunión, la Junta se comprometió a revisar y actualizar, en las próximas semanas, los criterios de compensación económica por daños provocados por los lobos, aprobados en 2023, para alinearlos con los valores de mercado actuales.

Para ello, se llevarán a cabo nuevas reuniones de trabajo con el objetivo de avanzar en la mejora y definición de estos criterios, reafirmando así el compromiso de la Junta de Castilla y León con el sector ganadero.