En medio de la creciente controversia en las Cortes de Castilla y León, el Partido Popular (PP) y Vox han defendido la presunción de inocencia de su compañero Marcos Herrero, cuyo comportamiento ha sido objeto de una investigación judicial por un presunto caso de acoso laboral a una funcionaria. La situación ha suscitado un debate intenso en el seno de la institución, donde se plantean importantes decisiones sobre el futuro del letrado mayor.

La Mesa de las Cortes ha solicitado formalmente un informe a la Junta de Personal que evalúe la situación de Herrero. Esta decisión fue confirmada por el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, durante una de las ruedas de prensa que siguieron a la Junta de Portavoces, donde se delineó la agenda del próximo pleno. La reunión fue calificada como “convulsa” por el procurador Ángel Ceña y “especial” por Francisco Igea, quien destacó que gran parte del diálogo se centró en la polémica en torno a Herrero.

Igea hizo hincapié en la necesidad de contar con un informe previo de la Junta de Personal antes de tomar cualquier decisión sobre una posible suspensión temporal del letrado. Aunque los partidos de la oposición, salvo Vox, solicitan esta suspensión, se ha dejado claro que la decisión final está en manos del presidente de las Cortes, Carlos Pollán. Este contexto subraya la complejidad de la situación y la tensión política que se vive actualmente.

Ángel Ceña, por su parte, ha solicitado un análisis jurídico adicional de parte de otro letrado de las Cortes para clarificar las opciones y el marco legal en el que se mueve la situación de Herrero. Este enfoque busca asegurar que cualquier acción que se tome esté debidamente fundamentada, aunque Igea y otros representantes de la oposición continúan insistiendo en que la suspensión temporal sería la mejor opción para proteger la integridad de la institución.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha apuntado que, a pesar de no querer prejuzgar ni la inocencia ni la culpabilidad de Herrero, la suspensión temporal sería un paso responsable. Sin embargo, ha criticado la "pinza" que a su juicio han formado PP y Vox en este asunto polémico, reiterando que la decisión depende completamente de Pollán.

Desde el lado de Vox, el portavoz Juan García-Gallardo ha dejado claro que su partido no participará en lo que ha llamado “juicios paralelos”. Ha defendido firmemente la presunción de inocencia y las garantías procesales tanto para el denunciado como para la denunciante, indicando que es crucial que el procedimiento judicial se desarrolle con total normalidad y que sea el juez quien tome las decisiones pertinentes.

Asimismo, Gavilanes, portavoz del Grupo Popular, ha corroborado la posición de Vox en relación con la presunción de inocencia y ha añadido que Herrero no pudo declarar en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid debido a una reciente ampliación de la denuncia por parte de la acusación. Esto resalta las dificultades que enfrenta el proceso y la incertidumbre que rodea el futuro del letrado.

En lo que respecta a la demanda de una suspensión temporal, Gavilanes ha indicado que actualmente es incierto si esta opción es viable y ha instado a esperar los informes solicitados antes de tomar una determinada postura. La Mesa, tras recibir preguntas de los medios, ha confirmado la solicitud de este informe crítico.

Pablo Fernández, otro de los representantes de la oposición, ha apuntado que la solicitud de suspensión temporal se basa en el Estatuto de Personal de las Cortes, buscando así que, mientras el caso permanezca en juicio, Herrero sea apartado cautelar y provisionalmente de sus funciones. Ha manifestado su descontento con la defensa ferviente que ha recibido Herrero por parte de PP y Vox, acusando a estos partidos de priorizar sus intereses políticos por encima de las normas y el decoro institucional.

Por último, Igea ha reconocido que no se ha logrado la suspensión temporal del letrado mayor en esta sesión, debido a que el Estatuto exige un informe de la Junta de Personal que, aunque no es vinculante, es necesario. La responsabilidad final de esta decisión recae sobre Carlos Pollán, quien no puede eludir su obligación por la falta de dicho informe, según una interpretación clara de los procedimientos establecidos.