La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha compartido su visión sobre la reciente aprobación del anteproyecto de Ley contra la Violencia de Género, asegurando que este paso se ha dado con la intención de contar con un marco normativo sólido que englobe tanto las directrices estatales como las europeas. De esta manera, se busca evitar ajustes o modificaciones innecesarias en el futuro.

En un evento celebrado el 9 de enero en Valladolid, la Junta anunció que esta normativa tiene como objetivo primordial ampliar la protección a un mayor número de víctimas de violencia de género. Entre las innovaciones más significativas que se incluirán, se encuentran nuevas formas de violencia como la vicaria, digital o reproductiva, que han sido reconocidas como graves problemáticas en la sociedad actual.

Blanco Llamas destacó que este proyecto de ley, que podría reemplazar a la normativa vigente desde 2010, tiene como finalidad proporcionar un entorno más seguro y protegido para las mujeres que sufren violencia de género, así como para sus familias y su círculo social. "Estamos hablando de ofrecer más servicios y recursos que fortalezcan esta protección", señaló la consejera durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno del nuevo año.

Un aspecto fundamental señalado por la consejera es que la ley ha surgido del consenso logrado a través del Diálogo Social, donde se ha contado con la participación activa de agentes económicos y sociales. Además, más de 78 organizaciones y un centenar de profesionales han contribuido con sus sugerencias y experiencias en el proceso de elaboración de esta normativa, asegurando así que se recojan múltiples perspectivas sobre la problemática.

El proyecto presentado destaca por su flexibilidad, ya que no solo incorpora nuevos tipos de violencia, sino que también permite la adaptación a futuras manifestaciones de este fenómeno social. Blanco Llamas ha subrayado específicamente la inclusión de la violencia vicaria, digital y la violencia de segundo orden, que se refiere a los abusos sufridos por quienes apoyan a las víctimas, un aspecto que muchas veces se pasa por alto.

La consejera concluyó manifestando que esta ley representa un enfoque moderno y proactivo en la lucha contra la violencia de género. Su propósito es claro: proteger, ayudar, prevenir y generar conciencia social sobre esta problemática. Para lograrlo, se ha priorizado contar con un marco normativo sólido que garantice la estabilidad y la efectividad de las medidas a implementar.