VALLADOLID, 13 de diciembre.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su "profunda decepción" tras la reciente Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en Santander. En una clara postura de confrontación, Mañueco ha amenazado con llevar el asunto a los tribunales si el modelo de financiación autonómica que se proponga sigue privilegiando a unos pocos en lugar de ser "justo y negociado entre todos". Al mismo tiempo, se ha opuesto de manera rotunda a cualquier condonación de deuda, argumentando que "ese no es el problema" que hay que abordar.

Durante una rueda de prensa ofrecida tras el encuentro en el Palacio de la Magdalena, el dirigente autonómico expuso su frustración ante la falta de avances en múltiples áreas que afectan directamente a la ciudadanía. "Esperábamos compromisos concretos para aumentar la cantidad de médicos, mejorar el acceso a la vivienda, abordar con eficacia la inmigración ilegal y, sobre todo, lograr una financiación autonómica que sea equitativa", lamentó. "Lamentablemente, lo que hemos visto es que el presidente Sánchez solo parece interesado en firmar acuerdos con sus aliados separatistas, mientras que a los demás nos relegan a esperar indefinidamente", añadió.

Mañueco insistió en que la preferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por negociar con sus socios de carácter separatista es un indicativo de que las necesidades de las comunidades autónomas no están siendo atendidas adecuadamente. "Hemos llegado a esta conferencia debido a la presión judicial, con solo cuatro temas sobre la mesa y sin la debida preparación previa que cabría esperar", argumentó. "Lo que hay son meros anuncios que, con el tiempo, resultan ser vacíos y sin cumplimiento", enfatizó con frustración.

El presidente autonómico consideró inaceptable la idea de condonar la deuda, que consideró equivalente a "perdonar" las acciones de aquellos formaciones políticas que, según él, han causado un gasto innecesario en cuestiones como embajadas que no benefician a los ciudadanos. "Desde Castilla y León defendemos que el modelo de financiación debe ser tal que garantice la igualdad en el acceso a servicios públicos esenciales, desde la educación hasta la atención a las personas mayores", agregó Mañueco, haciendo un llamado a la equidad en la distribución de recursos.

Reiterando su postura, Mañueco demandó un nuevo modelo que sea "justo y acordado" por todas las partes implicadas y enfatizó que la cuestión de la deuda no debe ser el foco del debate. "Nos jugamos la igualdad de todos los ciudadanos españoles en el acceso a la sanidad, educación y servicios sociales. Uno es el modelo de Sánchez, que abre la puerta a los privilegios, y otro es el que propone Castilla y León, que busca la equidad", subrayó.

"Nuestra lucha es por los intereses de Castilla y León y también de España", concluyó el presidente autonómico, anunciando su disposición a recurrir a la justicia para proteger esos intereses. "Lo haremos como lo hemos hecho antes, como un mecanismo para forzar la atención en cuestiones que nos afectan", aseveró.

En el ámbito de la salud, Mañueco criticó la falta de acción del Gobierno de Sánchez, mencionando que en los últimos seis años ha habido seis ministros de sanidad pero, a su juicio, "no han logrado hacer nada". Denunció una vez más que su administración ha hecho reiteradas peticiones para abordar la escasez de médicos y, sin embargo, continuó "volvemos con las manos vacías".

También se refirió a la gestión de la inmigración, subrayando la urgencia de establecer una "nueva política, integral y planificada", que se coordine con las comunidades autónomas y que no dependa de "imposiciones unilaterales". "La política migratoria es una competencia nacional, no puede fragmentarse ni improvisarse mediante acuerdos con fuerzas separatistas que excluyen a las comunidades autónomas", argumentó con firmeza.

Finalmente, al abordar el tema de la vivienda, la conclusión de Mañueco fue igualmente desalentadora. "No hemos visto ninguna solución ni avance. Reclamamos una reforma del Plan Estatal de Vivienda para unificar las ayudas y demandamos una seguridad jurídica que combata los okupas, además de simplificar la burocracia y reducir impuestos", concluyó, lamentando que sus propuestas no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno central.