En un giro significativo en la conocida como 'trama eólica', la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Abogacía del Estado y varias acusaciones particulares, ha decidido mantener los cargos contra once de los catorce imputados. Este anuncio fue realizado el miércoles, y también se ha decidido retirar los cargos en contra de los directivos de Iberdrola, Rafael Icaza de la Sota y Pedro Barriuso Otaola, quienes enfrentaban hasta seis años de prisión y multas astronómicas, así como al directivo de Preneal, César Hernández Chico, que se enfrentaba a una posible condena de siete años.

El día en la Audiencia de Valladolid no tuvo más que la lectura repetida de pruebas documentales y algunas modificaciones en las conclusiones. El Fiscal Anticorrupción utilizó una hora y media para presentar documentos, aunque finalmente, a pedido de los defensores, fue eximido de seguir repitiendo su exposición.

El momento más relevante de la jornada se produjo cuando el Fiscal, Tomás Herranz, propuso la exclusión de los citados directivos y al técnico de Preneal del proceso penal. Esta medida fue apoyada por las demás acusaciones y significa que estos tres implicados ya no estarán presentes durante la fase de informes finales que comenzará el 8 de enero. Esto también podría acelerar el cierre del juicio, que ahora se prevé finalizar una semana antes de lo inicialmente esperado.

La Abogacía del Estado también ajustó sus conclusiones, modificando la imputación al exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y su presunto testaferro, el abogado Jesús Rodríguez Recio. Ahora se les acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública en lugar de tres, lo que ha llevado a una reducción de las penas económicas solicitadas, que se limitan a 339.603,8 euros.

Las acusaciones particulares involucradas en el caso, que incluyen a Enersol y Ecologistas en Acción, apoyaron la decisión de retirar los cargos contra los tres directivos. Las defensas, no obstante, han mantenido su solicitud de absolución con algunas variaciones, como es el caso de los hermanos Llorente de Grupo Collosa, que han pedido incluir la prescripción como argumento en su defensa.

La defensa de Miguel Ángel y Alejandro Llorente argumentó que la prolongación del proceso, que lleva más de ocho años, ha impactado negativamente en su empresa, causando pérdidas significativas. Su abogado ha solicitado la nulidad de actuaciones por el retraso en la incorporación de pruebas. Esta situación ha llevado a una defensa más enérgica por parte de ambos, quienes sostienen que no han causado daño patrimonial alguno.

Además, EDP Renovables presentó una solicitud al tribunal no solo para obtener un fallo absolutorio, sino también para exigir el pago de costas a dos de las acusaciones particulares por lo que consideran temeridad y mala fe.

Con la exclusión de los tres directivos, las penas totales solicitadas para los restantes acusados se han reducido notablemente, de 135 a 116 años, y las multas han pasado de 850 millones a alrededor de 648. Sin embargo, el exconsejero Rafael Delgado sigue siendo el más gravemente afectado, enfrentando 42 años de prisión y una multa de 239 millones.

El caso, que se centra en la gestión de parques eólicos entre 2004 y 2015, ha expuesto presuntas extorsiones por parte de altos funcionarios a empresarios del sector. Varios testigos han denunciado que aquellos que no cumpliesen con las exigencias de los imputados verían sus proyectos condenados al olvido burocrático.