La reciente operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha revelado uno de los fraudes fiscales más significativos en el sector de hidrocarburos en España, vinculado a la compañía Biomar Oil. Durante la investigación, las autoridades descubrieron un taller clandestino de armamento en una vivienda de Ávila, donde se hallaron 44 armas de fuego, varias de ellas modificadas y con el número de serie borrado. Además, se incautaron municiones de guerra y un vehículo militar blindado equipado con un cañón ametrallador de gran calibre.

Los registros realizados durante la operación han permitido determinar que el fraude fiscal podría alcanzar la impactante cifra de 300 millones de euros entre 2023 y 2024. En esta compleja trama, se han producido ya ocho detenciones, mientras que diez personas más están siendo investigadas en la Audiencia Nacional bajo la sospecha de estar implicadas en delitos de blanqueo de capitales, evasión fiscal y tenencia ilícita de armas.

En el transcurso de las búsquedas, las autoridades confiscaron más de 130.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo y activos financieros que superan los 14 millones de euros. Asimismo, se han bloqueado cuentas bancarias que contienen más de 12,5 millones de euros, además de confiscaciones de más de 3,6 millones de litros de combustible, 60 vehículos de alta gama y 46 propiedades inmobiliarias.

La investigación se inició a principios de 2023, cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectaron irregularidades en los movimientos financieros de diversas empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos. Se sospechaba que estas prácticas podían estar relacionadas con un blanqueo de capitales. El modus operandi del grupo criminal consistía en ofrecer productos a precios significativamente más bajos que los del mercado, gracias a su evasión de obligaciones fiscales.

A medida que la investigación avanzaba, se confirmó que existía una única organización delictiva detrás de dos empresas petroleras, cuyas operaciones ilegales generaban gran preocupación entre otras compañías del sector. La falta de ingreso del IVA repercutido permitía a estas empresas ofrecer gasolina y gasóleo a precios inalcanzables para competidores que sí cumplían con sus responsabilidades fiscales.

Por si fuera poco, estas empresas también evadían los pagos compensatorios obligatorios relacionados con el biocombustible, lo que representaba un impago adicional de unos 40 millones de euros, incrementando aún más sus márgenes de ganancia a expensas de la legalidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, la organización contaba con una jerarquía bien definida, encabezada por dos socios. Bajo su mando operaban los directivos financieros encargados de gestionar las cuentas y la contabilidad. En la base de esta pirámide estaban los trabajadores, muchos de los cuales no eran conscientes de las actividades ilegales, mientras que también había testaferros que prestaban sus identidades a cambio de compensaciones, llegando algunos de ellos a ganar cerca de dos millones de euros.

Después de identificar a todos los integrantes de la organización, el 2 de diciembre se llevó a cabo un operativo policial que incluyó nueve registros simultáneos en diferentes ubicaciones, abarcando tanto domicilios en Madrid y Ávila como oficinas en la capital española, marcando así un importante golpe en la lucha contra el crimen organizado en el sector de hidrocarburos.