VALLADOLID, 1 de diciembre. En el marco del juicio conocido como la 'trama eólica', las defensas han presentado nuevas pruebas periciales que han reafirmado la legalidad de las transacciones realizadas por Iberdrola entre 2004 y 2007. Estas operaciones, que implicaron la promoción de parques eólicos en colaboración con empresas locales como Energía Global Castellana, vinculada al industrial Alberto Esgueva, y Villardefrades Eólica, donde participó el empresario Andrés Martín de Paz, han sido justificadas como acciones de compra que se realizaron a precios de mercado adecuados.

En una reciente sesión del juicio, al igual que el 26 de noviembre, peritos contratados por Iberdrola respaldaron la estrategia de colaboración de la empresa con el Grupo San Cayetano y Martín de Paz. Argumentaron que el establecimiento de estas alianzas era una práctica común en la promoción de proyectos eólicos en diversas comunidades autónomas, destacando que estas asociaciones facilitaban no solo un mejor conocimiento del entorno, sino también la obtención de las autorizaciones necesarias.

Los expertos destacaron que tenía lógica que Iberdrola se asociara con empresas ajenas al sector eólico, dado que permitir la entrada de competidores podría haber perjudicado su negocio. Asimismo, reiteraron que la asociación de Ibercyl con los empresarios locales se alinea con estrategias observadas entre otras grandes corporaciones del sector energético.

En relación a las supuestas ganancias excesivas de los socios locales tras la venta de sus acciones a Ibercyl, los peritos desestimaron tales acusaciones. En el caso de Esgueva, su participación del 40% en Energía Global Castellana generó 47,1 millones de euros en su recompra, tras haberse adquirido por solo 24.000 euros. Por su parte, Martín de Paz recibió 4,2 millones por un 20% de Villardefrades Eólica que originalmente había costado apenas 600 euros.

Los peritos analizaron también el acuerdo firmado entre Ibercyl y San Cayetano en diciembre de 2004, así como un préstamo de dos millones asignado a este último para la promoción de parques. Sostuvieron que todos los tratos realizados, incluida la posterior venta de participaciones, son claros y evidencian la intención del socio local de permanecer en el negocio, descartando cualquier irregularidad.

Respecto a la reventa de acciones de San Cayetano a Ibercyl, los expertos indicaron que dicha operación fue necesaria debido a las dificultades de financiamiento que enfrentó San Cayetano para contribuir a los 450 millones que Iberdrola quería invertir. En este contexto, la venta de acciones se justificó como una decisión prudente ante restricciones de crédito en el mercado.

Los profesionales sostuvieron que la recompra de acciones se realizó a un valor de mercado, cumpliendo con las condiciones que requería Iberdrola para su salida a bolsa, programada para diciembre de 2007. “Aunque las acciones se adquirieron por una cantidad baja, la realidad es que el socio asumió responsabilidades adicionales a lo largo de su participación”, aclararon los peritos.

Este mismo análisis fue compartido en la evaluación del acuerdo entre Ibercyl y Andrés Martín de Paz para crear Villardefrades Eólica. Inicialmente, Martín de Paz aportó 600 euros, sumando después otros 357.000 en una ampliación de capital. Sin embargo, en 2007, Ibercyl compró el 20% de sus acciones por más de 4,2 millones de euros, argumentando igualmente que ello fue motivado por la imposibilidad de Martín de Paz de realizar más aportaciones financieras.

Al igual que en el caso anterior, los peritos indicaron que la necesidad comercial de Ibercyl de adquirir megavatios viable para su cartera coincidió con el interés de Martín de Paz por vender ante sus limitaciones financieras.

Finalmente, otros peritos presentados por Biovent, otra filial de Iberdrola, corroboraron la lógica detrás de la asociación de grandes compañías con empresarios locales. Defendieron que este enfoque se alinea con las políticas de desarrollo territorial promovidas tanto en España como en el resto de Europa, y afirmaron que todos los procedimientos administrativos seguidos fueron razonables, además de validar las transacciones entre Iberdrola y sus socios locales como correctas y realizadas a "precio de mercado".