VALLADOLID, 9 de diciembre.

Un nuevo análisis presentado en el juicio de la trama eólica, asociado al Parque Eólico La Boga, afirma que la estimación de daños hecha por José María Campos, promotor de parques eólicos y administrador de Augusta Wind, está repleta de "inexactitudes". De los 113 millones de euros que Campos sostiene que debía recibir por la venta no deseada de sus participaciones, solo se ha validado un monto real de 2,6 millones, según esta pericial.

Este informe fue elaborado por dos expertos designados por La Boga, con el objetivo de contrarrestar la valoración hecha por Augusta Wind a través de Sterling Finance Price STR. Campos y su esposa están personados en este caso como parte acusadora y, previamente, denunciaron haber estado bajo presión del Ente Regional de la Energía (EREN) para vender sus acciones al Grupo ACS, dirigido por Florentino Pérez, a cambio de desistir de la construcción de varios parques eólicos en Castilla y León.

En el documento que ahora es cuestionado, se afirmaba que la venta se realizó a un precio significativamente inferior al del mercado, alrededor de 11.000 euros por megavatio, lo que resultó en 2,6 millones, versus los 113 millones que la valoración de STR calculaba que debían haber recibido por la transacción de acciones.

Sin embargo, los peritos de La Boga, según declaraciones proporcionadas a Europa Press, descartaron que se tratara de una venta a pérdida, al señalar que el informe de STR contiene numerosos fallos. "Se sugiere que el matrimonio debería haber recibido 113 millones por una inversión inicial de 60.000 euros, lo que equivale a multiplicar por 1.900 esa inversión. Eso sugiere que hay algo muy erróneo en esa valoración", criticó uno de los expertos, quien subrayó que no se consideró el dinero que efectivamente recibieron por la venta de sus acciones.

Además, el perito advirtió que la valoración de STR se basaba en siete parques eólicos, pero solo cuatro habían llegado a desarrollarse (Lora 1, Lora 2, Arroyal y El Páramo). También se consideró el valor total de cada parque, cuando en realidad el matrimonio solo poseía una parte de las acciones, siendo el resto propiedad de sus socios alemanes, Nordex. Asimismo, el análisis asumía que todos esos parques estarían operativos y generando ingresos desde el 1 de enero de 2006, lo cual no sucedió.

En última instancia, el matrimonio logró por la venta de sus acciones un total de 7.287.000 euros, una cantidad que los peritos consideran bastante más alta que lo que realmente les correspondía. "Recibieron una buena compensación", afirmaron los expertos, quienes, al ser cuestionados sobre si 11.000 euros por megavatio era un precio adecuado, dado que en ese entonces el costo era de aproximadamente 200.000 euros por megavatio, señalaron que tales comparaciones eran incorrectas.

El perito ilustró la situación diciendo: "Estás comparando una manzana de un árbol que ni siquiera ha sido plantado con una que ya está en el supermercado", aludiendo a que el informe de STR evaluó megavatios de parques aún en desarrollo y no de aquellos ya instalados. "Los errores en el informe son de nivel básico", añadió el perito, lo que llevó al juez a intervenir y recordarle que evitara tales comentarios despectivos.

La sesión incluyó además otro informe pericial respaldado por un inspector de Hacienda en excedencia, el cual fue presentado por los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo. Este experto descartó cualquier irregularidad en las operaciones realizadas por sus respectivas empresas en el sector eólico e inmobiliario en Polonia y España.

En el ámbito eólico, el experto no halló ninguna ilicitud en la reventa de acciones a Biovent, filial de Iberdrola, que Esgueva realizó en 2007, obteniendo 47.100.000 euros por acciones que previamente le costaron 24.000 euros. Esgueva utilizó esta sumas para invertir en diversos proyectos inmobiliarios tanto en España como en Polonia y para capitalizar su empresa familiar, Industrias San Cayetano.

El perito tampoco encontró irregularidades en una transacción de Intercatia, anteriormente San Cayetano Wind, que en 2012 vendió un 50% de participaciones en Desarrollos Naturales Siglo XXI por 1,5 millones de euros. Esta sociedad planeaba desarrollar 2.300 hectáreas en Montealegre de Campos (Valladolid), con un grupo catarí que iba a invertir 8 millones, pero la operación no se concretó tras la compra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por Banco Sabadell, lo que llevó a Intercatia a devolver el monto recibido.

El informe examinó también operaciones inmobiliarias de la sociedad Cronos, creada en abril de 2006 junto a Germán José Martín Giraldo. Este negocio implicó un préstamo de 420.000 euros a través de Nemo Holding, cuya cancelación fue posteriormente efectuada.

Finalmente, el perito concluyó que todas las operaciones analizadas "están debidamente documentadas, no exhiben signos de ilicitud, fueron inspeccionadas por las administraciones, y no se observó que las cantidades transferidas fueran percibidas por personas ajenas a las sociedades involucradas. No hay indicios de sospecha", sentenció.

El juicio avanzará a su fase crucial este miércoles, comenzando con el testimonio de las catorce personas implicadas. Rafael Delgado será el primero en rendir declaración, habiendo comunicado que responderá a todas las preguntas planteadas por las partes, al igual que César Hernández Chico, Rafael Icaza y Pedro Barriuso. Por otro lado, Jesús Rodríguez Recio, Francisco Esgueva y María del Mar Moreno solo se someterán a preguntas de sus letrados y del tribunal. La postura de los acusados Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo y los hermanos Llorente, Patricio, Alejandro y Miguel Ángel, sigue siendo incierta, ya que sus abogados aún no han definido su intervención.