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Plataforma Social critica Ley de Residencias por falta de compromisos y exceso de "literatura"

Plataforma Social critica Ley de Residencias por falta de compromisos y exceso de

En Valladolid, la Plataforma Social de Castilla y León ha expresado su profunda decepción ante la próxima aprobación de la Ley reguladora del modelo de atención de centros residenciales. Consideran que este texto, a pesar de contener muchas palabras, no ofrece compromisos reales para mejorar la situación en las residencias de la Comunidad.

Este colectivo ha criticado a la Junta de Castilla y León por su insensibilidad y por ignorar las propuestas de los grupos sociales durante los cuatro años de tramitación de esta norma. Advierten que la ley no aborda el problema fundamental en las residencias: la falta de personal necesario para brindar una atención centrada en la persona.

La Plataforma Social señala que la Ley de residencias es poco útil al no especificar la cantidad de profesionales directos necesarios para brindar los cuidados adecuados. Además, critican que no garantiza la prestación de cuidados en el hogar ni el acceso a plazas residenciales a quienes lo necesitan como un derecho subjetivo.

En Castilla y León, solo una de cada doce plazas residenciales para personas mayores es pública, lo que obliga a las familias a recurrir a centros privados con costos adicionales. La Plataforma Social reclama que la ley no establece el número adecuado de profesionales de atención directa en las residencias, ni garantiza la presencia de equipos multidisciplinarios para asegurar una atención centrada en la persona.

Además, critican la falta de compromisos presupuestarios, la ausencia de un consejo de centro en todas las residencias, la falta de garantía de visitas familiares en pandemias, y la necesidad insatisfecha de plazas de convalecencia sociosanitaria.

Otras críticas incluyen la ausencia de unidades de convivencia en todas las residencias, la falta de evaluaciones exhaustivas y la necesidad de una voz para los usuarios y sus familias. Diversas organizaciones como la Unión de Consumidores de CYL y la Plataforma Social de CYL exigen que el desarrollo reglamentario de la Ley aborde estas deficiencias.