VALLADOLID, 10 de diciembre. En una reciente sesión, el Grupo Popular logró avanzar en su propuesta de instar a la Junta a solicitar al Gobierno español la derogación de la Ley de Vivienda de 2023. Esta iniciativa recibió el respaldo de Vox y de dos procuradores no adscritos, quienes argumentan que la normativa vigente ha complicado la situación legal de la vivienda y ha tenido un impacto negativo en la oferta de alquiler, que se considera cada vez más escasa.

María de las Mercedes Cófreces Martín, procuradora del PP, expresó su preocupación ante el aumento de precios en el mercado inmobiliario, al tiempo que criticó lo que considera una "política errática" del Gobierno central que, a su juicio, ha favorecido a los ocupantes ilegales en detrimento de los propietarios.

Desde Vox, Miguel Suárez Arca apoyó la proposición pero la consideró insuficiente, sugiriendo una enmienda que abordaría los efectos de la inmigración masiva en la oferta de vivienda, que no fue aceptada. El procurador reiteró la necesidad de eliminar la falta de seguridad jurídica generada por la ley actual, calificándola de "perniciosa" para el sector.

El debate también giró en torno a las competencias de las comunidades autónomas, con algunos, como Suárez Arca, defendiendo que el manejo de la vivienda es una cuestión que debe abordarse a nivel nacional. A pesar de este desacuerdo, el apoyo fue unánime al rechazo de un voto separado solicitado por la UPL, así como por otros grupos que se abstuvieron.

Asimismo, se aprobó una serie de reformas legislativas para abordar el problema de la ocupación ilegal y facilitar la expulsión de ocupantes en un plazo de 24 a 48 horas, además de plantear medidas urgentes para aumentar la disponibilidad de suelo urbanizado y reducir la carga fiscal sobre la vivienda.

Los representantes de otros partidos, sin embargo, destacaron que la gestión de la vivienda debe ser dirigida por la Junta, tal como establece el Estatuto. El socialista Pedro González recordó que Castilla y León es una de las pocas comunidades que no ha emitido calificaciones para la construcción de vivienda de protección oficial en años, lo que refleja una situación alarmante en términos de oferta habitacional.

Pablo Fernández, procurador de Unidas-Podemos, rechazó la proposición del PP y abogó por medidas más drásticas que aborden la especulación del mercado. Fernández enfatizó la necesidad de prohibir la compra de viviendas como inversión, priorizando el acceso a vivienda digna para todas las generaciones.

La procuradora de UPL, Alicia Gallego, también criticó la propuesta del PP, argumentando que esta buscaba servir de altavoz político en lugar de abordar los verdaderos problemas de acceso a la vivienda. Gallego abogó por más autonomía en la gestión del suelo urbanizado para los ayuntamientos.

Francisco Igea, del Grupo Mixto, instó a la Junta a construir más vivienda pública, advirtiendo al PP sobre el riesgo de adoptar un discurso que podría ser devorado por Vox. En el pleno, ambos grupos, PP y Vox, trabajaron juntos para rechazar la propuesta socialista de crear un consorcio autonómico para la vivienda, mientras que el PSOE seguía argumentando la necesidad de un marco legal más robusto para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Además, no prosperó la iniciativa del PSOE para unirse plenamente al Plan Estatal de Vivienda, que buscaría maximizar los fondos y facilitar el acceso al alquiler y la regeneración urbana, especialmente en áreas en riesgo de despoblación.

El procurador del PP, Francisco Javier Carpio, acusó al PSOE de utilizar la crisis de la vivienda como una herramienta política, equiparando su propuesta a burocracia innecesaria. Esta crítica fue respaldada por Vox, que descalificó la idea del consorcio como un "chiringuito" sin posibilidades de ser viable. A su vez, la proponente del PSOE, Laura Pelegrina, sostuvo que, a pesar de los tropiezos actuales, una futura administración socialista podría impulsar las reformas necesarias para garantizar un acceso real a la vivienda para la ciudadanía.