VALLADOLID, 26 Oct.
Los grupos parlamentarios Popular y Vox, los dos partidos que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han registrado este jueves una Proposición de Ley para la modificación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el Ecyl, para simplificar su estructura con el objetivo de que sea "más ágil y más dinámica" y para poner fin a la actual "disociación de competencias" que están generando "notables disfunciones".
Los portavoces de los dos grupos parlamentarios, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, se han referido en concreto a las políticas que hacen referencia a la economía social, al fomento del empleo autónomo y al fomento del empleo de las personas con discapacidad, "dispersas" ahora en la Dirección de Economía Social y que pasarán a formar parte directamente del Ecyl para evitar las actuales "duplicidades".
Según ha asegurado el portavoz del Grupo Popular, se trata de una demanda "de hace tiempo" de los propios agentes económicos y sociales que se tiene en cuenta ahora "para la mejor prestación de las políticas activas de empleo".
A esto se unen otros cambios normativos para conseguir una estructura "más ágil, más dinámica y más barata", entre los que destaca la desaparición de dos altos cargos, el del vicepresidente del Ecyl, cuyas retribuciones son similares a las de un secretario general --unos 72.000 euros-- y el del gerente del Ecyl, cuyo puesto equivale al un director general --perciben unos 65.000 euros--.
Carlos Menéndez se ha referido a una "reducción directa de puestos" que serán asumidos por el consejero y por el secretario general de la Consejería competente en materia de Empleo, respectivamente, y ha aclarado que en los puestos intermedios de funcionarios no se contempla reducción de efectivos pero sí "una racionalización" de los mismos para evitar duplicidades y para poder destinar más efectivos a la atención directa a los ciudadanos.
Se trata de una Proposición de Ley "relativamente sencilla" que engloba en un artículo único la modificación de diversos artículos de la Ley de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 2003, que ya se adaptó en 2016 para responder a las necesidades detectadas entonces y tras las que se ha constatado que aún se mantienen "algunas deficiencias" que hacen necesaria "una mayor agilidad" en la toma de decisiones a través de la unificación del servicio autónomo.
Otros de los objetivos del cambio normativo que proponen PP y Vox son mejorar la coordinación entre departamentos y reducir la burocracia además de conseguir una homogeneización de los trámites administrativos con un único criterio y una homogeneización de las competencias con los ejes de la Estrategia española de apoyo activo al empleo y en la asignación de fondos procedentes de las transferencias finalistas que corresponden a Castilla y León.
También se propone mantener la estructura periférica del Servicio Público de Empleo de Castilla y León "pero flexibilizando la organización central del organismo" con la supresión de la obligatoriedad de creación de secretarías técnicas de organización y funcionamiento. Será el Ecyl el que determine los centros directivos que correspondan con la posibilidad de incorporación de direcciones técnicas.
"El único objetivo es prestar un mejor servicio a los ciudadanos para la consecución del objetivo final de todos los representantes públicos, la creación de más y mejor empleo en nuestra Comunidad Autónoma para hacer de la misma un territorio atractivo no sólo para los que vivimos en esta tierra sino para los que también queremos pasen a vivir con nosotros", ha resumido De la Hoz a lo que Menéndez ha añadido que los ciudadanos ganan eficacia en las políticas activas de empleo.
Asimismo, ha asegurado que todos los incentivos llegarán "razonablemente a las demandas" y ha explicado que se ajustará la ocerta de empleo a la demanda, "lo que actualmente no consigue el SEPE", ha reprochado el de Vox.
Este cambio normativo fue anunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el reciente Debate sobre Política General de la Junta en el que avanzó la intención de su Gobierno de modificar la Ley de creación del Ecyl para que pueda asumir la gestión de actuaciones que ahora están fuera.
Fernández Mañueco apeló entonces a la necesidad de reforzar el Ecyl para que pueda asumir la gestión de esas nuevas actuaciones para seguir así en la senda de creación de empleo y explicó que el consejero del ramo, Mariano Veganzones, de Vox, estaba trabajando ya para modificar la Ley de creación del citado organismo autónomo, si bien el texto ha sido impulsado finalmente por los grupos parlamentarios.
Tras el registro hoy de la Proposición de Ley, el siguiente paso será la admisión por parte de la Mesa de las Cortes para su remisión a la Junta de Castilla y León para su receptivo informe que, según ha avanzado De la Hoz, no se demorará en el tiempo por lo que la toma en consideración podría ir al segundo pleno ordinario del mes de noviembre.
No obstante y según ha precisado Carlos Menéndez, una vez aprobada la nueva ley que reorganiza el Ecyl entrará en vigor en el plazo de seis meses a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Paralelamente y a efectos de hacer efectivos los cambios organizativos necesarios para llevar a efecto la norma, se iniciará una modificación del Reglamento de organización y funcionamiento del organismo para lo cual se otorga a la Junta un plazo inferior a los seis meses desde la entrada en vigor de la ley.