VALLADOLID, 10 de diciembre.

La tan esperada comparecencia de Rafael Delgado, el acusado principal en el caso de la 'trama eólica', ha dejado en evidencia una serie de acusaciones en las que señala a su antiguo superior, el difunto Tomás Villanueva, como el verdadero artífice de los entresijos en la gestión de los parques eólicos en Castilla y León. Delgado sostiene que Villanueva era quien realmente "repartía el bacalao" en la tramitación de estos proyectos, señalando que fue él quien impulsó la controvertida disposición que otorgaba a la Consejería su autoridad para autorizar las iniciativas, condicionando la entrada de socios locales a sus respectivos accionariados.

A pesar de que varios testigos durante el proceso, que se desarrolla en la Audiencia de Valladolid desde septiembre, han afirmado que era Delgado quien controlaba las autorizaciones, él ha desmentido tal acusación, atribuyendo la responsabilidad a Villanueva, a quien nunca nombra directamente, refiriéndose a él simplemente como "el consejero". Asegura que fue Villanueva quien emitió la instrucción en 2004 para centralizar el poder de autorización en el Ente Regional de la Energía (EREN), despojando así a los jefes de Industria de las provincias de una facultad que antes les pertenecía, lo que, según el Fiscal Anticorrupción, sería una "ilegalidad manifiesta".

Delgado ha indicado que, aunque algunos testigos le han atribuido el control de los asuntos, también han admitido que se reunían con el consejero para discutir sobre sus proyectos, lo que considera una contradicción. "No parece lógico que yo fuera quien tomara las decisiones finales", ha comentado el exviceconsejero de Economía.

En sus declaraciones, que fueron recogidas por Europa Press, Delgado ha argumentado que la figura de la avocación se justificó porque el consejero, en aquel momento, estaba enfrentando un aluvión de solicitudes en el sector eólico que sumaban en total 70.000 megavatios, cifra que considera insostenible para Castilla y León. Por ello, Villanueva estableció un acuerdo con Red Eléctrica Española para gestionar la tramitación a través del EREN, comprometiéndose a que las autorizaciones se alinearan con los plazos y requerimientos que había fijado esta entidad hasta finales de 2010.

El acusado ha destacado que la decisión de permitir la entrada de socios locales en proyectos eólicos se llevó a cabo no solo con Iberdrola, sino también con otras grandes eléctricas. Reiteró que siempre actuó bajo la premisa de la 'obediencia debida', afirmando que era Villanueva quien daba las órdenes en la Consejería de Economía. "La autoridad era él, es obvio", concluyó, mencionando un acuerdo de 2004 en el que Villanueva asignó 500 megavatios a una compañía en particular, que coincidió con un proyecto similar llevado a cabo por una empresa vinculada a Iberdrola.

A pesar de que un anterior director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, había afirmado que era Delgado quien gestionaba los parques y delineaba listas para priorizar ciertos proyectos por sobre otros, Delgado ha negado tales afirmaciones, así como las acusaciones de haber bloqueado proyectos de empresarios que no aceptaban incluir socios de Castilla y León. "Mantero está simplemente defendiendo al consejero, que era su jefe", respondió Delgado, refutando así las denuncias del exresponsable del EREN.

El exviceconsejero ha desmentido cualquier irregularidad en la autorización de proyectos, incluso cuando se refiere a casos específicos como el de Canon Power e Ibervento, donde se alegó que la aprobación de sus iniciativas dependió de la venta de acciones de sus socios iniciales. "Carecían de la capacidad económica necesaria, esa fue la razón fundamental", dijo Delgado en respuesta a las acusaciones de que había amenazado con interferir en el futuro de sus proyectos.

La fiscalía ha señalado la coincidencia de la agilización administrativa justo después de que los accionistas iniciales vendieran sus participaciones, un detalle que Delgado ha eludido con el argumento de la casualidad. Durante su comparecencia, también fue interrogado sobre sus propios negocios y adquisiciones inmobiliarias, incluyendo propiedades valoradas en más de 500.000 euros y un coche de lujo, los cuales atribuyó a un estilo de vida financiado por su salario y ahorros acumulados, que guardaba en efectivo por desconfianza hacia las entidades bancarias.

Además, se ha abordado su relación con otros acusados, a quienes pretende desvincular de cualquier irregularidad en los negocios relacionados con el sector eólico. Sobre su supuesta colaboración con un abogado también involucrado en el caso, Delgado explicó que ambos restauraron su asociación después de que él se retirara de su puesto en la Junta, señalando que necesitaba continuar generando ingresos.

El acusador público ha dejado en el aire una pregunta que podría marcar el rumbo del juicio: "¿Toda la fortuna que usted acumuló y gastó, incluida en el entorno de Trough Trade, tenía como propósito eludir obligaciones fiscales por sus ingresos reales?" Esta cuestión podría arrojar nueva luz sobre las operaciones de Delgado y su posible implicación en la trama en cuestión.