En una jornada de fervor político, varios consejeros de comunidades autónomas bajo el poder del Partido Popular se dieron cita este jueves en el Senado con el objetivo de expresar su descontento ante la reciente inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Los líderes regionales consideran esta decisión como un "ataque" del Gobierno de Pedro Sánchez a la ganadería, y han formado un frente común para solicitar la reversión de esta medida.

La rueda de prensa, celebrada antes de su participación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, contó con la presencia de consejeros de diversas regiones como Castilla y León, Galicia, Cantabria y La Rioja. Asimismo, representantes de gobiernos de Aragón, Murcia, Extremadura y Madrid también se unieron a esta manifestación de inconformidad.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, fue el primero en intervenir, subrayando "el clamor" de su región por una mayor sensibilidad hacia el medio rural. Criticó lo que define como un "ataque del Gobierno a la ganadería y a los pueblos", y pidió la toma de decisiones más alineadas con las necesidades de los territorios afectados.

Suárez-Quiñones hizo hincapié en que la región enfrenta anualmente alrededor de 12.000 muertes de ganado a causa de ataques de lobos, una situación que juntan a la reciente inclusión del lobo en el LESPRE. Según el consejero, esta medida se fundamenta en "razones ideológicas, carentes de datos concretos y en contra del bienestar de las comunidades"; un argumento que ha levantado el clamor de las zonas rurales, amenazadas por lo que consideran una creciente falta de protección.

Desde Galicia, la consejera de Medio Ambiente, María Ángeles Vázquez Mejuto, también se pronunció con preocupación, afirmando que "la situación se hace insostenible" en las zonas que han sido históricamente consideradas loberas. Criticó que el Gobierno central ha optado por un enfoque ideológico, en lugar de uno basado en la ciencia, que ha culminado en la decisión de otorgar la máxima protección al lobo en 2021.

Vázquez Mejuto apuntó que las comunidades ya habían anticipado las complicaciones que surgirían a raíz de esta decisión, señalando que los ganaderos se sienten "totalmente desprotegidos y en estado de alerta". Expresó que los ganaderos no desean la extinción del lobo, sino que buscan que las comunidades autónomas recobren el poder para gestionar la población de esta especie, tal como se hacía previamente a 2021.

Por su parte, María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, se unió a este coro de voces expresando la "desesperación" de los ganaderos de su comunidad. Indicó que la inclusión del lobo en el LESPRE representa una "decisión completamente electoralista", recordando que Europa había optado por reducir la protección de esta especie en otros contextos.

Susinos hizo un llamado directo al presidente Sánchez, instándolo a "escuchar" a las comunidades autónomas más afectadas. Presentó datos alarmantes, asegurando que en la última década la población de lobos en Cantabria ha crecido un 9%, con más de 200 ejemplares desplazándose por la región, incluso en áreas urbanizadas y costeras, algo que, según ella, agrava el problema al incorporarse más de 4,000 kilómetros cuadrados a su hábitat.

La consejera también destapó que se están registrando anualmente alrededor de 3,000 muertes de ganado, lo cual impresiona la magnitud del ataque que están sufriendo los ganaderos. En un tono similar, Noemí Manzanos, consejera de Agricultura de La Rioja, planteó que la situación en su comunidad no es diferente a la de otras regiones, mostrando alarmas por el crecimiento exponencial del lobo.

Manzanos indicó que la presencia de lobos se ha expandido de 12 a 50 municipios desde la inclusión en el LESPRE, mientras que la cabaña ganadera en La Rioja ha descendido un 13%, achacando esta disminución a la presión ejercida por la población de lobos. "Con estos datos, se evidencia que es crucial tomar medidas que protejan a nuestros ganaderos y su medio de vida", concluyó la consejera riojana, reforzando el mensaje de alarma sobre la necesidad de un cambio en la gestión de la fauna que influye en el agro.