En un encuentro entre la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, se ha evidenciado la falta de receptividad de esta última en cuanto al traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la Comunidad, a pesar de su intención de continuar con los programas de itinerarios.
Blanco Llamas ha expresado su deseo de que Castilla y León no sea tratada como una Comunidad de segunda, planteando la posibilidad de obtener las competencias del IMV en las mismas condiciones que el País Vasco o Navarra, ya que considera que la Administración regional tiene la capacidad de gestionarlo de manera eficaz.
La consejera ha destacado que en la Comunidad ya existe la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se diferencia del IMV al estar vinculada a la inserción laboral y al combate del absentismo escolar en menores, aspectos que también buscan implementar en el IMV.
En respuesta, la ministra ha mencionado en un comunicado su compromiso por fortalecer los sistemas de protección contra la pobreza y exclusión social, instando a las administraciones autonómicas a complementar el IMV para garantizar un nivel de ingresos digno y adaptado a las necesidades de cada territorio.
A pesar de las diferencias iniciales, ambas representantes han mostrado disposición a seguir dialogando e intentando llegar a un acuerdo que beneficie a las personas más vulnerables en Castilla y León.
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