La Fiscalía ha presentado una solicitud de penas que en conjunto alcanzan un total de 33 años de prisión en un caso que pone de manifiesto la grave problemática de los préstamos fraudulentos y el abuso hacia personas en situación de vulnerabilidad.

En Valladolid, el juicio que se había programado para este lunes contra catorce personas implicadas en un presunto esquema de estafas relacionadas con préstamos para tratamientos dentales ha sido aplazado. La suspensión se debe a la enfermedad de uno de los abogados de la defensa, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Entre los acusados se encuentra Rubén A.R, un protésico dental asociado a un caso previo que involucró un asalto mortal en La Circular. Ahora, Rubén y otros trece coacusados enfrentan condenas que podrían sumar un total de 33 años de cárcel. Se les señala por haber ejecutado un esquema que les permitió obtener créditos destinados a tratamientos dentales que nunca se llevaron a cabo, resultando en un daño económico que supera los 200.000 euros para las entidades financieras involucradas.

Este no es el primer enfrentamiento judicial de Rubén A.R., quien ya fue condenado a más de once años por su implicación en el intento de robo y el homicidio asociado al caso de La Circular. En esta nueva instancia, deberá responder por conductas completamente diferentes. De los catorce acusados, siete están implicados en un delito continuado de estafa en conjunción con falsificación de documentos, mientras que el resto enfrenta cargos de estafa sencilla.

Las penas más severas han sido solicitadas para Rubén R, dueño de la clínica dental 'Rubaldent', y para Carmen C.P, gestora de la oficina de Deutsche Bank en la calle Duque de La Victoria, quienes podrían enfrentar hasta cinco años de cárcel y multas que rondan los 4.500 euros. Otros cinco acusados, entre ellos Jonathan C y Melanio V, se enfrentan a dos años y medio de prisión, mientras que los restantes acusados podrían recibir un año y medio tras las rejas.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía busca que Rubén A. y Carmen C. sean obligados a indemnizar de manera conjunta y solidaria a Deutsche Bank por las cantidades adeudadas en cada uno de los préstamos. Asimismo, se exige que Rubén A. y los beneficiarios de las operaciones fraudulentas compensen a otras entidades como Cofidis y Banco Cetelem.

Según la Fiscalía, Rubén A.R., a través de su empresa Famalro SL y la clínica dental 'Rubaldent', junto con Carmen C. y un cómplice no identificado, orquestaron una trama que tenía como objetivo lucrarse a expensas de personas en condiciones económicas precarias. El proceso incluye la creación de documentos falsos, como nóminas y declaraciones de impuestos, con el fin de simular la solvencia necesaria para obtener préstamos de manera fraudulenta.

Una vez que lograban captar a estas personas, los acusados conseguirían que el dinero de los préstamos fuera otorgado. Posteriormente, las víctimas se declaraban insolventes, dejando impagos los préstamos que jamás habrían servido para tratamientos dentales reales. Esta estrategia también incluía la contratación de seguros para proteger la operación, lo que dejó al descubierto la entidad detrás de tan turbia trama.