Sen define el aumento de inversiones públicas y políticas sociales en CyL como un avance significativo.
VALLADOLID, 23 de diciembre.
En un reciente informe sobre la gestión del Gobierno en Castilla y León, el delegado del Gobierno en la región, Nicanor Sen, destacó la histórica alza en las inversiones públicas, subrayando su impacto positivo en el bienestar de los habitantes de la comunidad. El representante del Gobierno Español enfatizó que desde que Pedro Sánchez llegó al poder, Castilla y León ha visto un incremento del 38% en recursos destinados a sus servicios públicos, acumulando un total de 15.500 millones de euros adicionales.
Este aumento se complementa con la condonación parcial de la deuda autonómica, permitiendo una reducción del 26% en comparación con el año anterior. Para el año 2026, se espera que la comunidad reciba una cifra sin precedentes de 10.223 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,5% respecto a 2025, además de facilitar un margen fiscal superior a los 256 millones de euros, gracias a una nueva política de déficit.
El delegado también resaltó el considerable esfuerzo del Gobierno en inversiones para distintas áreas, incluyendo infraestructuras, sanidad, educación y transformación digital, destacando cómo estas iniciativas fortalecen la cohesión territorial y el Estado del bienestar.
Desde 2019, el Ministerio de Industria y Turismo ha aumentado su inversión en la comunidad en un 12%, alcanzando los 525,2 millones de euros para impulsar nuevas iniciativas en modernización industrial y turismo sostenible. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha incrementado sus inversiones en 48 millones de euros, con el sector ferroviario destacando notablemente en este aspecto.
En el ámbito agrícola, el Ministerio de Agricultura ha asignado recursos significativos al sector primario. En 2024, más de 66.000 agricultores y ganaderos obtuvieron apoyo financiero a través de la PAC, sumando un total de 1.261 millones de euros, además de otros fondos para hacer frente a situaciones críticas como la sequía.
En cuanto a vivienda, se ha dispuesto de más de 530 millones de euros para diversos planes y programas que buscan mejorar el acceso y la rehabilitación de espacios residenciales, y en sanidad, la inversión ha alcanzado casi 21 millones de euros, especialmente enfocados en la Atención Primaria.
El sector educativo también ha visto un aumento significativo en la financiación, con más de 1.311 millones de euros destinados a la mejora del sistema educativo en la comunidad, lo que representa un incremento del 144% en los últimos siete años. Además, se han fomentado programas de Formación Profesional, beneficiando a casi 49.000 estudiantes.
El Ministerio de Igualdad ha destinado cerca de 12 millones de euros para avanzar en políticas que combatan la violencia de género y promuevan la conciliación familiar. En el ámbito de la seguridad, se ha reforzado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aumentando el personal en casi 900 efectivos, lo que contribuye a que la región mantenga una de las tasas de criminalidad más bajas del país.
Además, desde 2018, el Ministerio para la Transformación Digital ha invertido más de 736 millones de euros en mejorar la conectividad del medio rural y apoyar la digitalización de empresas locales, superando ampliamente las inversiones de gobiernos anteriores.
El Plan de Recuperación ha tenido un impacto positivo en más de 83.000 personas y organizaciones, con una inversión total que asciende a 4.481 millones de euros, destacando proyectos clave en el sector del vehículo eléctrico, agricultura y energías renovables.
Por último, el delegado del Gobierno hizo hincapié en los logros laborales de la comunidad, que ha visto un aumento en la afiliación a la Seguridad Social, así como la disminución de la tasa de desempleo hasta el 8,6%. La política de incremento del Salario Mínimo Interprofesional también ha beneficiado a numerosas familias en la región.
El compromiso del Gobierno continúa siendo el de impulsar estas inversiones y mantener una fuerte red de protección social hasta el final de la legislatura en 2027, reafirmando que “todas estas iniciativas solo cobran sentido si van de la mano con políticas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía”.
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