El sistema judicial ha emitido una condena que, aunque más corta de lo que podría haberse esperado, señala un pequeño paso en la lucha contra la violencia de género. En este caso, la Audiencia de Valladolid ha impuesto a Enrique R.Q. una pena de diecinueve meses de prisión por el delito de coacciones, en un contexto donde la víctima, su pareja, sufrió lesiones tras un trágico intento de escapar de su agresor en junio de 2023.

Lo notable de este fallo, que se alcanzó este lunes en un acuerdo entre la defensa del acusado, la fiscalía y la letrada que representa a la víctima, radica en las demandas iniciales muy diferentes. Mientras la fiscalía proponía un año de cárcel por las coacciones, la abogada de la víctima solicitaba mucho más: un total de siete años que incluía varios delitos, como detención ilegal y maltrato. Este tipo de disparidad refleja la complejidad y la urgencia con las que se deben tratar los problemas de violencia intrafamiliar.

La condena no solo penaliza al agresor, sino que también establece medidas de protección para la víctima, lo que incluye la prohibición de que Enrique porte armas durante dos años y siete meses, así como una orden que le impide acercarse a su expareja a menos de 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo. Estas disposiciones son esenciales para tratar de garantizar la seguridad de quienes han sido víctimas de violencia.

Los eventos que llevaron a esta decisión judicial se desarrollaron el 24 de junio de 2023, cuando una discusión violenta entre la pareja escaló de manera dramática. A pesar de sus intentos de huir, la mujer fue forzada a regresar al domicilio de Enrique. En un momento de desesperación, la víctima decidió saltar desde el balcón, buscando escapar de su situación. Como resultado, sufrió una fractura en el calcáneo derecho y otras lesiones que no fueron provocadas por su agresor.

Lo que siguió fue un escenario de manipulación y control, donde, tras el salto, el acusado logró que la mujer regresara al piso, le confiscó el teléfono móvil e ignoró la necesidad de atención médica inmediata. Solo al cabo de unas diez horas, y bajo la presión de amenazas explícitas, fue llevada a un centro médico. Esas amenazas, que incluían advertencias sobre las declaraciones que debía hacer a los médicos, revelan el profundo ciclo de abuso y coerción que sufren muchas víctimas de violencia de género.