El 20 de febrero en Soria, la Audiencia Provincial ha dictado una sentencia condenatoria para un individuo involucrado en un incidente violento que tuvo lugar en junio de 2023. En este altercado, el hombre golpeó al alcalde de Soria, Carlos Martínez, actual candidato del PSOE para presidir la Junta de Castilla y León, propinándole dos puñetazos. La decisión judicial establece una pena de un año y tres meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad, además de imponerle una multa equivalente a siete meses a razón de 15 euros diarios.

Asimismo, el agresor ha sido sentenciado por un delito leve de lesiones, lo que le acarreará un mes de multa, también calculada a 15 euros diarios. En cuanto a la reparación del daño, deberá compensar a Martínez con 240 euros, según los términos de la sentencia que, cabe mencionar, puede ser apelada ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los incidentes se produjeron la noche del 11 de junio de 2023, durante el evento conocido como Lavalenguas, donde el acusado, en un intento claro de menoscabar la autoridad del alcalde y su bienestar físico, se acercó a él insultándolo con frases despectivas y luego le asestó un puñetazo en la mandíbula. El segundo golpe no alcanzó su objetivo. Cabe destacar que el agresor, que carece de antecedentes penales, se encontraba bajo los efectos del alcohol durante el suceso.

A raíz de la agresión, el alcalde no requirió atención médica, aunque sufrió un traumatismo superficial que requería aproximadamente seis días para su recuperación. Martínez, en su testimonio, afirmó no conocer al agresor y describió cómo la situación se desarrolló en cuestión de segundos. Tras el ataque, el agresor se refugió en el baño, y fue necesario que el personal del establecimiento lo condujera hacia la salida para evitar más complicaciones.

Durante el juicio, los testigos confirmaron sin lugar a dudas la identidad del autor de los hechos. Por su parte, el acusado, notablemente afectado por la ingesta de alcohol, afirmó no recordar el incidente ni siquiera haber estado en el bar donde ocurrió la agresión, además de declarar que no conocía al alcalde.

La sentencia también resolvió a favor del acusado en relación con otro cargo, el de injurias, al determinar que los insultos proferidos estaban incluidos en el delito más grave de atentado a la autoridad, el que conlleva la pena de 15 meses de prisión impuesta anteriormente.