Sindicatos reclaman progresos en la economía en plena fase de crecimiento
En Valladolid, el 1 de mayo, los secretarios autonómicos de Comisiones Obreras y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, han destacado la importancia de seguir avanzando en un momento de crecimiento económico, ya que consideran que es crucial para los trabajadores y trabajadoras. El lema de este año para el Día Internacional de los Trabajadores es 'Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios'.
Andrés ha afirmado que si el país avanza, debe hacerlo junto a los trabajadores, a través de acuerdos en el marco del Diálogo Social. Reconoció que se han logrado avances importantes, pero todavía se necesita mejorar en aspectos laborales, sociales y económicos, como la discusión de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI y el fortalecimiento de las políticas industriales y del Estado del Bienestar.
Por su parte, Temprano ha insistido en la importancia de negociar el contrato relevo para todos los trabajadores, así como en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Además, ha instado a la Junta de Castilla y León a realizar una reforma del Ecyl para mejorar la inserción laboral de los desempleados.
En cuanto a la política industrial en la región, se ha denunciado la falta de instrumentos derivados del Diálogo Social y la reducción de programas de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos han exigido una mayor atención a este sector y una política de vivienda que garantice el acceso tanto en alquiler como en propiedad.
CCOO y UGT han convocado manifestaciones en 14 localidades de Castilla y León para este 1 de mayo, con el objetivo de reclamar mejores derechos laborales y defender la democracia y la libertad en España. Advierten contra la crispación y la desinformación promovida por algunos medios de comunicación, y piden respeto a todas las instituciones democráticas y a la diversidad ideológica.
En las manifestaciones se exigirá también la renovación del Consejo General del Poder Judicial y se rechazará la criminalización y descalificación de las instituciones democráticas, así como de los partidos políticos y organizaciones sindicales, que según los sindicatos, han sido objeto de ataques por parte de la extrema derecha y la derecha extrema en la Comunidad Autónoma.