VALLADOLID, 12 de noviembre.

En un giro inesperado en un caso de narcotráfico que ha captado la atención pública, los abogados de los tres individuos acusados de importar cocaína desde Colombia han solicitado la anulación de las actuaciones judiciales y la absolución total de sus clientes. Por otro lado, la Fiscalía mantiene su firme postura, reclamando 30 años de prisión en total, es decir, diez años para cada uno de los procesados.

Este miércoles, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid llevó a cabo la última audiencia en el juicio que involucra a Julio Ángel P., Gabriel M.G. y Abdelkrim M., quienes enfrentan cargos por la importación de 862 kilos de cocaína oculta en carbón. El hallazgo se produjo en una instalación de Medina del Campo en abril de 2021, cuando las autoridades detuvieron a los acusados y confiscó la droga.

Las defensas han argumentado en sus conclusiones que las actuaciones policiales carecieron de la legitimidad necesaria, ya que la entrada y registro realizados en Medina del Campo se realizaron sin la presencia de un abogado y sin la orden judicial correspondiente, a pesar de que el decreto del fiscal lo exigía. Este punto, sostienen, vulneró las garantías jurídicas y, por tanto, las pruebas obtenidas son inválidas.

Se han planteado además serias dudas sobre cómo se tomaron las muestras de la sustancia incautada. Los letrados sostienen que no se siguieron protocolos adecuados en la recolección de muestras y que las pruebas apuntan a que la cantidad real de cocaína podría ser mucho menor, incluso reduciendo el peso neto a unos 7 kilos en lugar de los 862 kilos inicialmente calculados. Esto, alegan, impactaría significativamente en la cuantía de la multa solicitada por la Fiscalía, que asciende a 33,2 millones de euros.

Las defensas se han centrado en refutar la afirmación de la Fiscalía de que los tres acusados eran los destinatarios de la droga y que tenían planes para su venta. El abogado de Julio Ángel P. cuestionó las bases de la acusación, destacando que no hay evidencias que sostengan la afirmación de que su cliente utilizaba un entramado de empresas para el narcotráfico. También subrayó que no tiene relación habitual con Gabriel M.G., quien simplemente proporcionó una nave para almacenar carbón, mientras que Abdelkrim M. solo colaboraba en tareas manuales.

Además, la defensa ha señalado que no se ha encontrado prueba que sustente las acusaciones en las cuentas de sus empresas ni en los registros de las viviendas de los acusados.

Por otro lado, el abogado de Gabriel argumentó que, como exertzaina con 35 años de servicio, había sido víctima de una serie de circunstancias desafortunadas y que no tenía vínculos con el supuesto círculo delictivo. Hizo hincapié en la forma en que se trató su detención, indicando irregularidades en el procedimiento, como el hecho de que la notificación de derechos fue escrita a mano, a diferencia de lo que ocurrió con los otros acusados, en cuyos casos se utilizó un ordenador.

El abogado también ironizó sobre las imposibilidades logísticas que presentaba la nave para manejar un envío de tal magnitud, señalando que la falta de herramientas adecuadas como cizallas y un equipo en mal estado indicaba más una situación caótica que una operación de narcotráfico bien organizada. "¿Qué tipo de narcotraficantes son?, parece más bien un desastre", afirmó.

Asimismo, el abogado apuntó a la falta de sentido que tendría almacenar un cargamento de drogas en un depósito fiscal, además de criticar la forma en que la Fiscalía ha presentado a Julio Ángel como un "narcotraficante famoso", basándose en información superficial de internet.

En defensa de Abdelkrim, su abogado enfatizó que su cliente solo tuvo interacciones puntuales con Julio Ángel y que no hubo evidencia de enriquecimiento personal de su parte. Describió al acusado como alguien obediente y con bajas capacidades intelectuales, lo cual podría explicar su falta de comprensión de la situación que le rodeaba.

También se refirió a la supuesta función de vigilancia de Abdelkrim, argumentando que, al ir juntos, no anticipaban peligros y que su comportamiento durante la supuesta operación era poco característico de un narcotraficante.

Por su parte, la Fiscalía reiteró su solicitud de diez años de prisión para cada uno de los acusados, considerando que, incluso si se acepta una reducción en la cantidad de droga a 27 kilos, esto seguiría representando un delito de "notoria importancia". Afirmaron que la entrada en la nave se realizó de manera adecuada, ya que no se trataba de un domicilio privado, y que se había demostrado que los tres acusados estaban al tanto de la llegada de la mercancía.

La fiscal argumentó que existen evidencias claras de que los acusados estaban esperando la droga y que tenían planes de comercializarla, lo cual constituyen actos de "extrema gravedad". De esta manera, la Fiscalía mantiene su postura sobre la gravedad de los hechos mientras el debate legal sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados continua en el ámbito judicial.