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Suárez-Quiñones promueve criterios inclusivos en viviendas de Puente Colgante para ayudar a más personas necesitadas.

Suárez-Quiñones promueve criterios inclusivos en viviendas de Puente Colgante para ayudar a más personas necesitadas.

El consejero destaca el apoyo de "varios equipos de Gobierno" del Ayuntamiento de Valladolid en el proyecto de rehabilitación

VALLADOLID, 1 Abr.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido los criterios de selección de adjudicatarios para las 63 viviendas para personas menores de 45 años en régimen de alquiler en el antiguo edificio de la Guardia Civil en Puente Colgante, en Valladolid, y ha asegurado que el límite mínimo de ingresos se ha establecido así para llegar a personas que no pueden acceder a las ayudas al alquiler que promueve la Administración autonómica.

El consejero ha visitado este lunes el bloque de viviendas, con las obras ya concluidas, acompañado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la delegada territorial de la Junta en la provincia, Raquel Alonso, y otros representantes de ambas administraciones.

La actuación ha consistido en la rehabilitación del edificio de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil situada en la calle Puente Colgante de Valladolid, tras una inversión de más de 7,2 millones de euros para destinarlo al alquiler de familias jóvenes con escasos recursos.

El consejero y el regidor, ambos representantes del Partido Popular, han defendido los criterios de selección de los adjudicatarios de estas viviendas, en un proceso que se encuentra en fase de alegaciones tras la aprobación de la primera lista provisional con unos 500 candidatos.

Ante las críticas planteadas por los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid, que consideran que los criterios de ingresos mínimos establecidos dejan fuera a más de 4.000 hipotéticos demandantes inscritos en el registro municipal, el consejero ha defendido que se ha fijado como mínimo de renta familiar el triple del IPREM --algo más de 24.000 euros anuales-- porque ese es el límite máximo de renta para acceder a las ayudas al alquiler que convoca anualmente la Junta.

"La política de vivienda de la Junta es una política de vivienda plural, en la que hay muchas medidas y donde se trata de dar satisfacción a todas las capas sociales", ha recalcado Suárez-Quiñones, que ha añadido que "hay que dar oportunidad a todos los tipos de familias" y de ahí que se haya optado por poner el tope mínimo en la cifra que es el máximo para los alquileres.

Además, el consejero ha apuntado que no todos esos más de 4.000 inscritos en el registro de demandantes han quedado excluidos por el criterio de renta mínima, pues algunos de ellos habrían quedado fuera por otros motivos.

Todas las viviendas se destinarán al alquiler social o cesión en uso durante un plazo mínimo, en ambos casos, de 50 años que se computará desde la fecha de su calificación.

El resultado final tras la rehabilitación es la incorporación al parque público de alquiler de 63 viviendas, de las cuales 47 disponen de tres dormitorios con una superficie que oscila entre los 73 y los 90 metros cuadrados; y las otras 16 viviendas se conforman de dos dormitorios con una superficie de ente 59 y 79 metros cuadrados.

Asimismo, las viviendas disponen como anejo vinculado de un trastero ubicado en la planta sótano cuya superficie útil aproximada oscila entre 3,06 y 6,10 metros.

En cuanto al criterio del número de miembros, la mayoría de las 63 viviendas, en concreto 47, son de tres dormitorios, por lo que el proceso de selección está dirigido a unidades familiares de al menos tres miembros, excepto las personas con movilidad reducida que opten al cupo de dos viviendas reservadas para ellas y las personas que opten a otros siete pisos de dos dormitorios que habrán de formar parte, estas últimas, de unidades familiares de al menos dos miembros.

Por su parte, otras siete viviendas estarán específicamente destinadas a personas con algún grado de discapacidad y su adjudicación se coordinará con entidades sin ánimo de lucro del tercer sector.

Otro criterio que ha destacado el consejero es la edad máxima, que se ha fijado en 45 años y no en los 36 que suelen utilizarse para viviendas para jóvenes debido a que todos los pisos se contemplan para personas con familia y se entiende que puede haber personas de más de 36 años con hijos pequeños que pueden tener esta necesidad.

Con ello, como ha destacado el consejero, se logra ofrecer estas viviendas a un sector de la población joven que permita en "esta zona tan céntrica, tan importante de Valladolid", que un edificio del que ha señalado que anteriormente era "triste" y que "hacía que el conjunto de la zona se contagiase de esa tristeza por su falta de uso", se convierta en un lugar en el que se instalen familias con hijos.

Además, con la adecuación del patio interior del bloque, donde se han creado zonas verdes, estanciales y de juegos infantiles, se genera un espacio para disfrute del barrio, ya que será abierto.

Para establecer las rentas de arrendamiento se aplica un coeficiente reductor del 25 por ciento en el precio de referencia por ser la Junta la promotora de la actuación. A ese coeficiente se le añade una bonificación prevista en esta orden del 10 ó del 20 por ciento, en función de los ingresos de dichos inquilinos.

Conforme a esas bonificaciones la vivienda más cara (de 97,67 metros cuadrados útiles más 6,10 de trastero, tendrá una renta de 333,19 euros o 374,84 euros y la vivienda más barata (de 58,52 m2 útiles más 4,19 m2 útiles de trastero) tendrá una renta de 200,70 euros o 225,78 euros.

El 7 de marzo se publicó en el Bocyl la orden MAV/157/2024 por la que se convoca el procedimiento de selección de arrendatarios de las viviendas del edificio Puente Colgante, y actualmente se ha publicado la lista provisional de admitidos, que estará en periodo de alegaciones hasta el próximo 5 de abril. Una vez resueltas las alegaciones, una nueva Orden de la Consejería publicará la lista definitiva y fijará la fecha de celebración del sorteo ante notario para su adjudicación.

Las obras, ya finalizadas, han convertido el inmueble en un edificio totalmente accesible y eficiente energéticamente, dotándolo de una certificación energética A+. Las 63 viviendas cuentan con sistema de calefacción por biomasa, cocina completamente amueblada, trastero, y zonas comunitarias con espacios ajardinados y de recreo.

El edificio, cuya construcción data del año 1944 y que consta de 4 plantas, 8 portales y 8 viviendas por portal con sus correspondientes trasteros, estaba declarado en ruina y desocupado. Las obras acometidas han renovado completamente el inmueble, siendo la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad las actuaciones esenciales de la rehabilitación ejecutada.

Así, junto a la restauración interior de todas sus plantas, las obras han supuesto sobre todo una mejora en su eficiencia energética con el objetivo de disminuir el consumo de energía y reducir la factura energética de los futuros inquilinos, contribuyendo con ello a la reducción de emisiones de CO2. Además, se ha instalado una caldera de biomasa.

La obra, con una inversión final de 7.235.881 euros tras la aprobación de un modificado debido al encarecimiento de los materiales en los últimos años, ha tenido una duración de casi tres años, y ha encontrado dificultades dentro de un proceso que el propio consejero ha definido como largo".

En cualquier caso, ha querido destacar que en el proceso han colaborado "varios equipos municipales" y tanto el anterior como el actual y los empleados públicos han estado "del lado" de la Junta. El alcalde vallisoletano ha recordado que los primeros trámites para el proyecto se dieron con el exregidor 'popular' Javier León de la Riva.