VALLADOLID, 5 de diciembre.

El empresario agrícola de origen rumano, Fabián A.T., se enfrenta a graves acusaciones por haber presuntamente tratado a sus trabajadores temporales de forma despectiva, empleando frases como “¡Vamos, perros, a trabajar!” para instarles a cumplir con sus jornadas de recolección de patatas. Aunque el acusado no se presentó en el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Valladolid, el fiscal ha solicitado una pena de hasta dos años de prisión por infringir los derechos laborales de sus empleados.

Un vecino de Alaejos, quien vivía cerca de donde residían los implicados, fue testigo clave en este caso. Relató ante el tribunal que los trabajadores, de diversas nacionalidades incluyendo argelinos y colombianos, le compartieron la dura realidad que enfrentaban, revelando que compartían habitaciones en condiciones precarias y que vivían bajo el temor constante de ser deportados.

El testigo afirmó que los trabajadores le comunicaron que Fabián, conocido entre ellos como “el italiano”, los despertaba a primeras horas de la mañana junto con un cómplice, llevándolos a trabajar en condiciones abusivas y cobrando además por el transporte al lugar de trabajo. Aseguró que solo si el clima lo permitía, podían cumplir con su jornada laboral.

“Vivían con miedo”, detalló el vecino, resaltando que los trabajadores fueron advertidos de no salir y que, según les dijeron, "los españoles son muy racistas" y podrían hacerles daño si se relacionaban con otras personas en el pueblo.

Los problemas surgieron el 11 de septiembre de 2021, cuando una disputa laboral llevó a la Guardia Civil a la vivienda de Fabián. Varios trabajadores exigían el pago de su salario, lo que obligó a los agentes a intervenir. Según los informes, tras la mediación de la policía, los pagos fueron efectuados, aunque esto no resolvió los conflictos laborales para todos los afectados.

A partir de esta confrontación, tres trabajadores argelinos se presentaron en la comisaría para denunciar la falta de pago. Durante el juicio, uno de ellos, Hamed, participó vía videoconferencia y comentó que fue reclutado por Fabián mientras dormía en un parque. Trabajó durante dos meses bajo condiciones difíciles y sin contrato, compartiendo su alojamiento con otros compañeros y obligados a pagar por su transporte al trabajo.

El testimonio de Hamed, quien reconoció su situación irregular en el país, confirmó que no solo carecían de contratos formales, sino que también eran sometidos a un control estricto por parte de su empleador, quien buscaba evitar que se alejaran o se integraran con la comunidad local.

En sus conclusiones finales, el fiscal reiteró su petición de dos años de prisión por delitos contra los derechos de los trabajadores, alternando con una condena de un año por la contratación reiterada de trabajadores extranjeros sin regularizar. Argumentó que el comportamiento de Fabián reflejaba una clara explotación de aquellos en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, la defensa del empresario mantuvo su postura de inocencia, argumentando que no se había demostrado la culpabilidad de su cliente ni la naturaleza de las relaciones laborales existentes entre él y los denunciantes.