VALLADOLID, 18 de diciembre - En un notable desenlace judicial, el llamado 'macrojuicio' por estafa que ha tenido lugar en Valladolid, se ha convertido en un hito en la historia del sistema judicial de la región, siendo el segundo más significativo en términos de los numerosos acusados en el banquillo. La conclusión de este proceso ha dado lugar a un veredicto absolutorio que favorece a casi sesenta personas implicadas, todo ello en medio de un polémico incidente relacionado con la nulidad de una providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 1, que había permitido la inspección de las cuentas bancarias de los encausados.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la decisión tomada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid no solo se traduce en la absolución de los 59 acusados que se enfrentaron a juicio, sino que también extiende sus consecuencias positivas a otros 33 individuos que, al inicio de las audiencias, habían alcanzado acuerdos con las acusaciones, reconociendo su participación en los hechos.

En su argumentación, el tribunal ha dado la razón a los defensores de los 59 acusados que se negaron a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Durante el juicio, los abogados subrayaron la irregularidad de la providencia del Juzgado de Instrucción 1, datada el 8 de abril de 2016, que había permitido a la Brigada de Delincuencia Económica revisar las cuentas de los implicados. El tribunal considera que esta actuación constituyó "una violación del derecho a la intimidad de una gravedad excepcional", que abarca no solo la documentación obtenida, sino también todas las diligencias subsiguientes que se llevaron a cabo tras la emisión de la mencionada providencia. Este criterio de nulidad también se aplica a aquellos que, en etapas previas del proceso, habían aceptado las acusaciones en su contra.

Inicialmente, el caso implicaba a un total de 63 acusados, a quienes se les atribuía un delito continuado de falsedad, en conexión con la falsificación de documentos, así como la pertenencia a un grupo criminal, lavado de dinero y falsificación documental.

El procedimiento judicial se centró en indagar sobre un presunto grupo criminal, liderado por cuatro de los acusados, que se habría organizado para llevar a cabo diversas operaciones fraudulentas. Tales operaciones incluían la solicitud y obtención de préstamos de diferentes entidades financieras, utilizando a terceras personas. Para justificar su solvencia económica, estos sospechosos presentaron documentos que no reflejaban la realidad financiera, con el objetivo general de realizar compraventas de vehículos de segunda mano.

De acuerdo con la investigación, estas terceras personas, a modo de compensación por su colaboración, recibirían una parte del dinero involucrado, mientras que el resto sería apropiado por el grupo central que dirigía la operación, conformado por los líderes del presunto esquema criminal.