VALLADOLID, 12 de septiembre. Hoy se ha dictado sentencia contra un empleado de Correos que enfrentaba cargos por delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos. Este individuo fue encontrado culpable de no entregar alrededor de 500 sobres y paquetes a sus destinatarios, y ha aceptado una condena de dos años de prisión.

El acuerdo, alcanzado entre el acusado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, fue presentado por el juez de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, quien también impuso una multa de 1.200 euros y un pago de responsabilidad civil de 3.000 euros. Además, el condenado no podrá ejercer un empleo o cargo público durante dos años como consecuencia de su conducta.

La reducción de la pena, que originalmente contemplaba tres años de prisión, una multa de 5.400 euros y una inhabilitación por cinco años, se debió a la circunstancia atenuante de reparación del daño. El acusado había depositado la totalidad de la cantidad reclamada en una cuenta judicial antes del juicio, lo que contribuyó a la decisión del tribunal.

El caso se originó el 21 de noviembre de 2021, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tudela de Duero encontró una maleta azul repleta de correspondencia sin entregar en un paraje cercano a La Cistérniga. Dentro de la maleta había 486 envíos, muchos de los cuales estaban en mal estado, algunos mojados y otros abiertos sin su contenido.

Tras el hallazgo, el material fue llevado al cuartel de Tudela de Duero, donde se notificó a Correos. Durante el proceso de recuento, se identificaron 239 envíos, incluyendo fechas de llegada y datos de destinatarios, que estaban dirigidos a domicilios en La Cistérniga, Castrobembibre y Valladolid.

El análisis realizado por el Servicio de Correos determinó que el acusado, quien trabajó desde el 13 de julio de 2020 hasta el 31 de enero de 2022, era el responsable de la entrega en las localidades afectadas. La situación pone de manifiesto serias fallas en la gestión y supervisión de la entrega postal, lo cual requiere atención para garantizar un servicio público de calidad y confianza.