LEÓN, 12 de febrero. La Audiencia Provincial de León ha emitido una sentencia definitiva que condena a la residencia Clece Vitam Otazú tras un largo proceso judicial de siete años, en relación con el trágico fallecimiento de un anciano de 88 años que sufría de alzhéimer avanzado. El incidente ocurrió el 15 de enero de 2019, poco después de que el residente ingresara en el centro, cuando se precipitó al vacío desde la quinta planta.

Este fallo judicial pone fin a un complejo y prolongado itinerario legal, caracterizado por "archivos prematuros y una falta de diligencia en la investigación" por parte del Juzgado de Instrucción número 4, según han manifestado fuentes cercanas a la acusación particular a Europa Press.

La Audiencia ha corregido así la decisión inicial, reconociendo la negligencia del centro y condenando a la residencia a asumir también los costos judiciales del proceso.

Los hechos sucedieron el citado 15 de enero; el residente, que era plenamente consciente de su condición de alzhéimer avanzado —un hecho conocido y documentado en la institución— fue dejado solo en un estado de inquietud, sin las necesarias medidas de seguridad para pacientes con un alto grado de deterioro cognitivo.

Una ventana sin las debidas protecciones permitió que el residente pudiera salir al exterior y caer desde la quinta planta. Testigos que no estaban relacionados con la residencia aseguraron que la tragedia no se debió a un suicidio, a pesar de que esa fue la narrativa inicialmente defendida por la empresa que gestiona el centro, según ha indicado el despacho legal que lleva el caso.

Durante el proceso de instrucción penal, el caso fue cerrado sin realizar "diligencias imprescindibles", como los interrogatorios a los empleados implicados o el análisis de las grabaciones de seguridad, que nunca formaron parte del expediente. La familia tuvo que insistir reiteradamente ante la Audiencia Provincial para lograr la reapertura parcial del caso, aunque, lamentablemente, la vía penal finalizó sin que se establecieran responsabilidades.

Markos Fernández, hijo del fallecido, ha descrito este resultado como "una victoria amarga", enfatizando que aunque la sentencia no puede devolver la vida de su padre, sí establece la responsabilidad de la residencia y podría servir para prevenir que otras familias enfrenten situaciones similares.

A su vez, Fernández ha expresado que la intención de la familia siempre fue hacer visible la grave negligencia presentada y evitar que se cierren casos sin la investigación adecuada en el futuro.

En el momento en que ocurrió la tragedia, la residencia pertenecía a Clece Vitam, una empresa asociada al grupo ACS, aunque ahora solo se ocupa de la gestión, dado que la propiedad ha sido transferida a un fondo de inversión.

Los familiares han resaltado que esta no es una situación aislada, sino un claro reflejo de los riesgos que enfrentan miles de familias al confiar el cuidado de sus seres queridos a centros donde pueden no cumplirse los protocolos de seguridad. "Esto no es sobre venganza ni compensación económica", ha aclarado Fernández, añadiendo que la cuestión es una cuestión de responsabilidad y transparencia, con la finalidad de que "ninguna otra familia tenga que atravesar años de silencio y sufrimiento para que se reconozca una verdad que es obvia".

En este contexto, la familia ha instado a las administraciones públicas a intensificar los controles y la supervisión de las residencias de ancianos, especialmente aquellas que atienden a personas con deterioro cognitivo severo. Asimismo, han expresado su agradecimiento a su abogada, Carmen Serrado, por su dedicación y esfuerzo a lo largo de este arduo proceso.