El 21 de agosto, en Zamora, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha decidido dar un paso firme al presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, así como ante las administraciones y empresas involucradas, en respuesta a las inaceptables condiciones laborales que enfrentan los operativos de incendios en Castilla y León. La organización ha señalado que algunos profesionales han trabajado más de 20 horas en una sola jornada, mientras que otros han sido contratados sin la experiencia necesaria, tras recibir solo un brevísimo curso de 16 horas o, en algunos casos, ni siquiera eso.

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves, los líderes de UGT hicieron eco de estas preocupaciones. Entre ellos se encontraban Victoria Corbacho, secretaria de los sectores local y autonómico de UGT Servicios Públicos Federal; Tomás Pérez, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León; y Raúl Castaño, secretario general de UGT Servicios Públicos en Zamora.

La organización destacó la alarmante carencia de personal adecuadamente formado en el operativo, mencionando que muchos de los contratados recientes han provenido del Servicio Público de Empleo sin la correspondiente capacitación previa. Esta situación fue subrayada por Tomás Pérez Urueña, quien destacó que, aunque hay diferentes roles como mangueristas y peones, la falta de bomberos forestales debidamente cualificados es preocupante. También enfatizó que esta deficiencia en el reconocimiento de las categorías profesionales puede tener graves repercusiones: en caso de un accidente laboral o enfermedad, estos trabajadores no recibirían el reconocimiento necesario para sus ausencias.

“La única responsable de esta situación es la Junta”, subrayó Pérez Urueña, apuntando a la falta de desarrollo de la ley estatal que regula a los bomberos forestales. Recordó que el colectivo de antiincendios en la comunidad ha sido conceptualizado como un “colectivo mixto público/privado” por las autoridades regionales, lo que complica aún más la cuestión.

En la parte pública del operativo se encuentran los puestos de vigilancia, así como diversas empresas como Tragsa, que aunque es pública, opera bajo un convenio con la Junta. Pérez Urueña criticó el modelo vigente, resaltando que estas empresas, que se adjudican contratos cada año y reciben subvenciones, a menudo no son supervisadas de manera adecuada, lo que se traduce en un incumplimiento de lo estipulado en los pliegos de condiciones, especialmente en lo que respecta al número de trabajadores y su formación.

El representante de UGT concluyó haciendo hincapié en la necesidad urgente de establecer un programa de capacitación continua, dado que los operativos deben enfrentarse a incendios de complejidad creciente. Un simple curso de formación de ocho horas teóricas y ocho prácticas no es suficiente; esta realidad pone de manifiesto el fracaso de un sistema que necesita ser transformado de raíz para abordar de forma efectiva la extinción de incendios en la región.