El sindicato UGT ha decidido dar un paso firme en la defensa de los derechos de los trabajadores públicos de Castilla y León, al anunciar que interpondrá una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, así como un conflicto colectivo ante el Servicio de Relaciones Laborales (Serla). La reclamación se centra en la necesidad de reclasificar profesionalmente a 5.000 de los 15.000 empleados públicos actuales, un movimiento que busca reflejar adecuadamente las titulaciones que poseen.

Durante una reciente rueda de prensa, líderes de la organización sindical explicaron que esta medida tiene raíces en un acuerdo formal alcanzado tras los pactos de Bolonia, que prometía la alineación de las categorías profesionales con las cualificaciones académicas. Sin embargo, esta promesa aún no se ha materializado, dejando a muchos trabajadores en posiciones que no corresponden a sus capacidades y desempeños reales.

Tomas Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos, lamentó que, pese a las insistentes solicitudes a la Junta de Castilla y León para cumplir con el acuerdo, no se haya tomado ninguna acción concreta. Esta inacción está generando un impacto económico negativo en los empleados, quienes podrían estar perdiendo entre 2.000 y 3.300 euros anuales en sus salarios, no contando además otros beneficios por antigüedad.

Desde UGT manifestaron que ya han presentado una demanda específica contra la Consejería de Sanidad. La razón de esta acción es el incumplimiento de la reclasificación profesional estipulada en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, vigente tras el Acuerdo Marco que busca modernizar la administración pública. La organización subraya que ciertos puestos, como los de técnicos superiores sanitarios, deben ser reubicados en categorías que reflejen adecuadamente sus funciones y titulaciones.

Rosa López, representante de Sanidad del sindicato, aclaró que esta petición no busca privilegios, sino que se fundamenta en la justicia y coherencia con la normativa vigente, que establece diferentes niveles de responsabilidad profesional. UGT también anunció que su demanda se enfoca inicialmente en los técnicos superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, haciendo hincapié en que este enfoque podría allanar el camino para reclasificar a otros grupos profesionales.

La acción ha recibido el apoyo de otros sindicatos en la mesa de negociación, además de instar a que se sumen más organizaciones. No obstante, también hicieron un llamado a la cautela contra ciertas plataformas que carecen de legitimidad para discutir este tema con la Junta.

Paralelamente, UGT está preparando un conflicto colectivo que se presentará ante el Serla. Esta acción marca el primer paso hacia una posible demanda en el Tribunal Superior de Justicia por la falta de implementación del convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad, que ya se prorrogó a partir de 2023 y debe incluir la reclasificación que debería haberse ejecutado antes de finalizar 2024.

Carlos Arenas, vicesecretario de UGT Servicios Públicos, argumentó que el costo de esta reclasificación es relativamente bajo, estimándose entre 10 y 15 millones de euros, lo que describe como una "minucia" comparado con otros gastos menos esenciales que asumen las administraciones. Arenas también criticó la falta de comunicación por parte de la Consejería de la Presidencia, que ignora las solicitudes de diálogo en este asunto vital.

En un fuerte llamado de atención, Pérez Urueña acusó a la Junta de "estafar" a sus trabajadores, al exigirles titulaciones que no se ven reflejadas en sus remuneraciones. Además, UGT no limita su reclamo a los empleados de las administraciones, extendiéndolo también a los técnicos de transporte sanitario, a pesar de que actualmente operan bajo empresas privadas.

Marta Vián, responsable del sector en UGT, propone que se establezca una normativa que regule la figura del técnico de transporte sanitario, abogando por una estructura que eventualmente permita la "internalización" de este servicio, lo que, según ella, podría mejorar significativamente la calidad de atención en este ámbito público.