VALLADOLID, 10 de febrero. Las preocupaciones sobre la gestión del Centro de Menores Zambrana han crecido de manera alarmante. Dirigentes de UGT y miembros del Comité de Empresa han solicitado la destitución de Ana Lasalle, actual directora del centro, acusándola de transformar el lugar en un "infierno" y de permitir que la gestión del servicio, bajo Adis Meridianos, continúe a pesar de los fallos evidentes. Además, se ha expresado una firme crítica hacia la Junta por su falta de supervisión en el cumplimiento de los contratos establecidos.

La secretaria de Acción Sindical, Sara Molledo, describió el centro como un ejemplo de las fallas que surgen de la externalización de servicios públicos, señalando que lo que debería ser un espacio seguro para la reeducación de jóvenes ha derivado en un lugar donde se vulneran continuamente derechos fundamentales. Durante una rueda de prensa, enfatizó que la situación actual es el resultado de una gestión negligente que pone en peligro tanto la vida de los trabajadores como la de los menores a su cargo.

Molledo argumentó que la falta de acción por parte de la Consejería de Familia va más allá de un simple descuido administrativo; considera que esta inacción podría estar comprometiendo la seguridad de todos en el centro. Según ella, el modelo que prioriza el beneficio económico por encima de la seguridad ha llegado a un punto crítico. No se tolerarán más agresiones ni recortes de derechos, y la situación se ha degradado debido a la gestión irresponsable de Adis Meridianos y la falta de intervención de la Junta.

David López, secretario de Servicios Públicos de gestión privada en UGT, también se unió a las críticas, aportando datos que ejemplifican la "dejadez" de la Junta. Informó que al finalizar 2025 se registrarán más de 7,500 horas sin cubrir por el personal necesario, lo que equivale a una falta crítica de recursos que pone a trabajadores y menores en una situación de indefensión. Esta situación es insostenible y necesita ser abordada con urgencia.

El Comité de Empresa, representado por su presidente Chema y su delegada Ana, compartió su preocupación sobre la percepción de impunidad que sienten los residentes, al tiempo que subrayaron los incumplimientos de la empresa. Señalaron que no se están respetando las ratios de personal, las vacaciones de los empleados ni se está cumpliendo con las disposiciones de compensación por días festivos. La situación es contradiciendo las razones que llevaron a la no renovación del contrato de la anterior empresa, que tenía fallos menores.

En la actualidad, el centro alberga alrededor de 90 trabajadores y entre 60 y 70 menores. Se han reportado hasta 16 agresiones en un corto periodo, con 32 denuncias presentadas a la Inspección de Trabajo que incluyen problemas de adaptación del puesto de trabajo, cambios irregulares en los horarios y la falta de prevención adecuada. Esta situación ha llevado a numerosas bajas por estrés y depresión en el personal, lo que indica un ambiente de trabajo insostenible y poco seguro.

Por último, Tomás Pérez, secretario general de UGT Servicios Públicos en Castilla y León, enfatizó que el problema no reside únicamente en la empresa, que está enfocada en el lucro, sino en la falta de supervisión por parte de la Junta, que debería asegurar que se cumplan los acuerdos establecidos. Pérez concluyó indicando que si la Junta no asume su rol de supervisión en los procesos de privatización, está simplemente abandonando sus responsabilidades.

Como respuesta a esta grave situación, UGT se planteará solicitar a la Inspección de Trabajo una reunión para esclarecer la situación de las 32 denuncias presentadas, además de preparar un calendario de movilizaciones para hacer frente a las exigencias de una gestión adecuada en el centro.