VALLADOLID, 24 de septiembre.

Unánimemente, las diferentes fuerzas políticas presentes en las Cortes de Castilla y León han expresado su apoyo a la propuesta del Partido Socialista para otorgar el reconocimiento oficial de la categoría de bombero forestal en la región, una medida que se espera que sea implementada antes que finalice el año.

En particular, el procurador del Grupo Parlamentario Popular, José Alberto Castro, ha manifestado su compromiso para negociar este reconocimiento, el cual, según recordó, debería ser una realidad debido a la normativa estatal vigente. Este respaldo permitió que la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE avanzara, aunque PP y Vox optaron por abstenerse en varios de sus puntos.

El procurador socialista Pedro González no perdió la oportunidad de criticar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por su gestión ante el incremento de incendios en la región, que ha llevado a la pérdida de vastas extensiones de tierra y vidas humanas, lo que atribuyó a un manejo deficiente por parte de la Junta.

González hizo hincapié en las cifras alarmantes de los incendios ocurridos durante los veranos de 2021, 2022 y el actual, que han afectado a miles de hectáreas, como en Zamora y Ávila, y en el último verano superaron las 160.000 hectáreas. A pesar de destacar la eficacia de los profesionales en el campo, criticó la falta de coordinación y estrategia de la Junta.

Asimismo, González reprochó a PP y Vox su negativa en 2024 a respaldar una iniciativa que proponía un operativo estable de bomberos forestales, aduciendo que su implementación habría fortalecido tanto la prevención como la extinción de incendios. Por este motivo, urgió a todos los grupos a apoyar la nueva PNL presentada, que fue aprobada a pesar de la abstención de algunos sectores.

En esta línea, el procurador alertó sobre la precaria situación laboral de los trabajadores del operativo de incendios, que se encuentran entre los peor remunerados del país, evidenciando el desdén de la Junta hacia sus demandas constantes.

Como un ejemplo de un enfoque más proactivo, González destacó la reciente decisión del Gobierno de España de implementar un coeficiente reductor en la edad de jubilación para los bomberos forestales, una medida que beneficiará a aquellos con 15 años de servicio al permitirles retirarse tres años antes.

Defendiendo su propuesta, el procurador enfatizó que reconocer oficialmente a los bomberos forestales como tales, con todos sus derechos, es una necesidad urgente que debe ser atendida, instando al PP a no ignorar a este colectivo que ha sido históricamente desatendido.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, subrayó la imperante necesidad de reestructurar el operativo contra incendios en un cuerpo permanente y estable, lamentando las devastadoras estadísticas de hectáreas quemadas y muertes humanas, mientras el actual sistema se mantiene en condiciones precarias y temporales.

Francisco Igea, del grupo parlamentario Ciudadanos, pidió que se votara por separado el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, catalogándolo como un tema crucial. Criticó abiertamente al PP por su supuesta falta de empatía y soberbia, con la incredulidad de que algunos intentaran desestimar la labor de aquellos que arriesgan sus vidas en estos incendios.

Desde Unidas Podemos, Pablo Fernández respaldó la propuesta del PSOE argumentando que es crucial para fortalecer las estrategias de prevención y extinción de incendios mientras lamentaba la ausencia de consejeros en el debate, lo que consideró un acto de irresponsabilidad tras un verano marcado por catástrofes. Instó al PP a manifestar su apoyo a la profesionalización de los bomberos forestales.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, compartió su frustración sobre cómo se discuten medidas que permanecen sin ejecutarse, resaltando que muchos en el operativo han estado atrapados en contratos temporales por más de 20 años, enfatizando la necesidad urgente de un modelo operativo permanente.

Finalmente, durante el debate, el procurador de Vox, Ignacio Sicilia, manifestó que las deficiencias en recursos y personal reflejan la ineficiencia de las administraciones públicas y advirtió que las consecuencias de esta inacción han recaído en los más vulnerables y en la propia fauna del entorno.

También criticó la burocracia y los gastos innecesarios generados por un modelo que, según él, prioriza la burocracia sobre las necesidades reales de la ciudadanía y denunció que se aplican penalizaciones a empresas privadas sin extender las mismas exigencias a las administraciones públicas.

Por su parte, José Alberto Castro, del Grupo Popular, defendió el trabajo de los bomberos y acusó al PSOE de politizar el tema de los incendios, argumentando que su retórica se basa en falsedades. También recordó que la mayoría de los incendios son consecuencia de negligencia y no de la gestión pública.

Castro sostuvo que a pesar de los desafíos, la Junta ha estado comprometida con mejorar el operativo de incendios mediante el diálogo social. Aseguró que se mantenía abierta a seguir negociando con los sindicatos y a dar cumplimiento a la obligación de reconocer la categoría de bombero forestal, instando a la oposición a dejar de lado la confrontación y trabajar en conjunto hacia la solución de este desafío común.