León, 3 de noviembre. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha llevado a cabo una acción importante al presentar este lunes ante la Fiscalía de León una solicitud que busca iniciar diligencias informativas en defensa de los usuarios de la AP-66, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el cobro de peajes en determinadas circunstancias.

La UPL, en su firme compromiso con la protección de los derechos de los consumidores, ha fundamentado esta iniciativa en los artículos 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como el 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto permitiría a la Fiscalía llevar a cabo una acción colectiva para frenar prácticas perjudiciales y garantizar que las concesionarias actúen de manera justa y transparente.

Esta solicitud cuenta también con el apoyo de la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No!, que hasta ha enlistado al exdiputado asturiano Daniel Ripa para que la iniciativa sea presentada en la Fiscalía del Principado de Asturias.

En su comunicación, la UPL explicaba que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha considerado "abusivo" el cobro integral de peajes en autopistas concesionadas cuando el nivel de servicio no cumple con estándares adecuados de fluidez y seguridad. Además, subrayaron que los usuarios no reciben suficiente información sobre incidencias que afectan al tráfico y tiempos de recorrido.

La UPL también enfatizó que el Ministerio Fiscal, al actuar en esta cuestión, había promovido una acción colectiva contra la concesionaria Autopistas del Atlántico (Audasa), logrando una resolución que exige el cese de estas prácticas abusivas y el reembolso a los usuarios afectados, apoyado por la normativa vigente que protege a los consumidores.

Actualmente, la AP-66, que está bajo la gestión de Aucalsa, enfrenta múltiples obras de adecuación y los efectos de un argayo que ha causado graves cortes y ralentizaciones en el tráfico, extendiendo considerablemente el tiempo de viaje de los usuarios. A pesar de estas contrariedades, los peajes continúan siendo cobrados sin ninguna consideración a la calidad del servicio prestado, como ha denunciado la UPL en un comunicado.

Añadieron que al realizar el pago del peaje, los usuarios carecen de información relevante y actual sobre retenciones o desvíos que puedan afectar su trayecto, impidiendo así que tomen decisiones fundamentadas sobre el uso de la autopista, una situación que resuena con los casos abordados por el Tribunal Supremo en su sentencia reciente.

Por esta razón, la UPL insta a la Fiscalía a interpelar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para confirmar que se están cumpliendo las directrices establecidas, presionando a Aucalsa para que restituyan parte o la totalidad de los peajes a los usuarios que hayan experimentado retrasos o deficiencias en el servicio, sin la debida información.

Asimismo, la organización leonesista clama por la implementación de medidas inmediatas que aseguren la transparencia y el acceso a información en tiempo real en los puntos de pago y entrada de la autopista, garantizando así que los usuarios sean conscientes de las circunstancias previas a decidir utilizar la vía de peaje, en cumplimiento del principio de reciprocidad contractual estipulado por el Tribunal Supremo.