En un giro inesperado en la política regional, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan García-Gallardo, ha facilitado la tramitación de una propuesta de ley presentada por Unidas Podemos sobre la regulación de la publicidad institucional, lo que ha llevado al PP a expresar su incredulidad y preocupación por la colusión de “los extremos”.

Este miércoles, el Grupo Parlamentario de Vox, al abstenerse en la votación, permitió que la proposición de ley avanzara, un movimiento que García-Gallardo justificó citando la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a información veraz y de calidad, alejada de los comunicados de los partidos que, según su opinión, pueden influir en la información que se difunde.

A pesar de esta colaboración momentánea, el líder de Vox no escatimó en críticas hacia el texto presentado por Unidas Podemos. Describió el documento como “equivocado y sectario”, y dejó claro que, si se llegara a votar en su forma actual, serían firmes opositores. En cambio, anunció su intención de presentar enmiendas con un enfoque que priorice el interés del ciudadano en la publicidad institucional.

Desde el Partido Popular, la reacción fue contundente. El procurador Raúl Hernández calificó la unión entre Vox y Unidas Podemos de “auténtico sorpresón”, señalando que este tipo de coaliciones desafían la estabilidad democrática de Castilla y León. Hernández defendió vehementemente que los medios de comunicación en la región actúan con imparcialidad y recalcó la importancia de que los periodistas puedan ejercer su labor sin presiones.

El tono de la discusión se intensificó cuando Hernández cuestionó la coherencia del exvicepresidente de la Junta, quien ahora critica las campañas de publicidad institucional a las que antes se había sumado. Además, García-Gallardo fue señalado como un “cómplice” en lo que Hernández consideró un ataque directo a la libertad de prensa.

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, subrayó la relevancia de las medidas propuestas, calificándolas de “razonables y de sentido común”. Fernández argumentó que es fundamental no otorgar publicidad a medios que hayan sido condenados por esparcir desinformación y bulos, enfatizando que esta reforma protegería al sistema democrático.

La procuradora socialista Ana Sánchez también expresó su apoyo a la iniciativa, defendiendo que no vulnera la libertad de expresión, sino que más bien establece límites necesarios para asegurar la integridad del sistema informativo. Sánchez fue clara al señalar que aquellos que se opongan a esta medida podrían estar mostrando una falta de compromiso con los valores democráticos.

El apoyo a la proposición de ley no se limitó a estas formaciones, ya que el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! también respaldó la iniciativa, señalando la necesidad de abordar un “problema de fondo” en el que la sostenibilidad económica de los medios de comunicación es clave para su correcto funcionamiento.

Con 36 votos a favor, 31 en contra y las 13 abstenciones de Vox, la toma en consideración del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León fue aprobada, lo que permitirá su envío a la comisión correspondiente para que se abran los plazos de presentación de enmiendas. Este desarrollo promete generar un debate legislativo intenso en los próximos días.