VALLADOLID, 5 de diciembre.

La portavoz del Grupo Municipal de Vox y teniente de alcalde en Valladolid, Irene Carvajal, realizó declaraciones este viernes acerca de una importante condición que su partido ha establecido para la aprobación del Presupuesto municipal de 2026. Vox ha solicitado al Partido Popular que acepte la implementación de una "mesa de estudio e investigación" con el fin de evaluar la posibilidad de suprimir o suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones, un sistema que ha estado operativo desde julio.

Carvajal ofreció detalles sobre esta solicitud durante una rueda de prensa en la sede de su grupo, donde anunció que la propuesta de presupuesto se presentará ante la Junta de Gobierno el próximo martes 9 de diciembre.

La concejal insistió en que su objetivo es eliminar o modificar el régimen sancionador vigente, sugiriendo la creación de una comisión encargada de explorar opciones para que la Zona de Bajas Emisiones continúe funcionando, pero sin sanciones; priorizando en su lugar el enfoque pedagógico para informar a los ciudadanos.

Recordó que hace un año, su partido apoyó la creación de esta zona en vistas de cumplir con un acuerdo establecido con el PP para "reducir al mínimo" la ZBE, logrando, según su perspectiva, una serie de exenciones para minimizar su impacto en los residentes locales.

No obstante, Carvajal manifestó que tras cinco meses de funcionamiento del régimen sancionador, ha percibido entre los habitantes y comerciantes de Valladolid una sensación de "desproporción" respecto a esta medida.

En este sentido, la intención de Vox es formar un grupo de trabajo que se centre en "buscar argumentos jurídicos" para eliminar dicho régimen sancionador, manteniendo la Zona de Bajas Emisiones, aunque con la posibilidad de "reducirla aún más", asegurando que esto no perjudique a los ciudadanos.

La concejal también presentó argumentos para sostener su posición, señalando que Vox asumió que las restricciones solo afectarían a un pequeño porcentaje de los vehículos que circulan por Valladolid. Sin embargo, observó que muchas personas están evitando ingresar a la ciudad por desconocimiento de la normativa.

Además, enfatizó que la población mayor en Valladolid enfrenta un desafío mayor para entender estas regulaciones. Examinó la confusión existente entre los ciudadanos sobre qué vehículos pueden acceder a la Zona de Bajas Emisiones y cómo esto está perjudicando a los comerciantes locales.

Carvajal indicó que una de las cuestiones que se discutirá en la mesa de trabajo será el impacto económico de estas restricciones y si realmente han contribuido a mejorar la calidad del aire, una situación sobre la que expresó sus dudas, señalando que el aire de Valladolid sigue estando en condiciones óptimas.

Asimismo, subrayó la necesidad de revisar la legislación vigente, dado que se han registrado sentencias que anulan multas impuestas en estas zonas por diferencias en los casos de las personas sancionadas.

La teniente de alcalde discutió su propuesta con el alcalde popular, Jesús Julio Carnero, quien, según Carvajal, "ha tomado nota" y parece estar considerando este enfoque para el presupuesto de 2026. Ella destacó la colaboración entre ambos partidos, subrayando que, a pesar de sus diferencias, ambas partes están dispuestas a llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos.

Carvajal se mostró optimista en que su propuesta será valorada positivamente. En caso de que la mesa determine que no se puede derogar el régimen sancionador sin infringir la Ley 7-2021, aseguró que Vox impulsará su labor a nivel estatal para promover un cambio legislativo antes de 2027.

Sobre la normativa europea, la concejal enfatizó que, aunque existen normativas para mejorar la calidad del aire, no se exigen obligatoriamente las zonas de bajas emisiones, y propuso alternativas como aumentar las zonas verdes o desarrollar redes de calor de biomasa en Valladolid.

Carvajal también recordó que la decisión de establecer la Zona de Bajas Emisiones fue influenciada por el temor de perder ayudas europeas y la presión de altos funcionarios del gobierno. Afirmó la importancia de contar con un respaldo legal sólido si se decidiera eliminar el régimen sancionador, teniendo en cuenta posibles acciones legales por parte de figuras como el exalcalde Óscar Puente.

Finalmente, hizo un llamado al ministro Puente para actuar con responsabilidad, advirtiendo que su insistencia en amenazar con medidas punitivas no sería viable y que enfrentarían consecuencias legales si persistiera en su postura, abogando por un enfoque civilizado y respetuoso hacia los ciudadanos en lugar de uno autoritario.