VALLADOLID, 10 de septiembre. La reciente votación en el Parlamento ha desatado un torrente de críticas hacia el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, gracias a la abstención del grupo Vox que permitió que el Grupo Socialista impulsara una Proposición No de Ley (PNL). Este proyecto, respaldado por todos los grupos de oposición, fue rechazado por el Partido Popular (PP) y two representantes independientes, quienes defendieron la actuación del consejero durante la crisis de incendios forestales que azotó la región este verano.

Ricardo Gavilanes, portavoz del Grupo Popular, se pronunció enérgicamente a favor del consejero, argumentando que Suárez-Quiñones ha trabajado de forma "rigorosa y eficaz". Acusó al PSOE de aprovechar la situación de los incendios para hacer política en lo que describió como una "cacería política" para desacreditar al consejero, a quien considera un profesional competente que ha enfrentado una crisis sobre la que poco se podía hacer.

Gavilanes afirmó que la reprobación era "injusta y oportunista", y advirtió que los ataques al consejero podrían tener repercusiones para quienes los sostiene. Nuria Rubio, procuradora y principal impulsora de la reprobación, ironizó sobre la complicada situación de los procuradores del PP en su defensa del consejero. Según ella, la ciudadanía está profundamente decepcionada y cansada de lo sucedido durante el verano, justificando así la solicitud de reprobación como un acto de justicia hacia quienes se pusieron en riesgo para combatir los incendios.

Rubio también criticó abiertamente al consejero, sugiriendo que su comportamiento y la gestión de la crisis han sido deplorables. Resaltó que Suárez-Quiñones parecía más interesado en asistir a eventos sociales mientras la comunidad luchaba contra el fuego, permaneciendo en silencio durante días mientras se devastaban áreas de Castilla y León.

Desde Vox, el procurador Ignacio Sicilia minimizó la relevancia de la reprobación, considerándola un ejercicio vacío, y sugirió que el verdadero enfoque debería ser llevar a los responsables a los tribunales para abordar la falta de respuesta ante la crisis. Argumentó que la respuesta política en situaciones urgentes debería ir acompañada de acciones judiciales efectivas, recordando que Vox se había encargado de presentar demandas en busca de responsabilidades.

Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, también se sumó a las críticas y consideró que la reprobación propuesta se quedaba corta. Resaltó la necesidad de una dimisión inmediata a raíz de la "catastrófica gestión" que no fue reconocida como tal por el consejero. Cuestionó cómo el PP podía intentar eludir las responsabilidades que competen únicamente a ellos.

Luis Mariano Santos, portavoz de UPL, apoyó la reprobación y subrayó que el consejero debería haber dimitido por dignidad. Criticó que PP y Vox se opusieran a la creación de una comisión de investigación y afirmó que Suárez-Quiñones se ha convertido en una herramienta para desviar la atención de los problemas reales.

Por su parte, Pedro Pascual Muñoz, procurador de Por Ávila, advirtió que, más allá de los cambios en el liderazgo, es imperativo un giro radical en las políticas de prevención y recursos destinados a combatir incendios. La situación requiere de una atención continua, no solo en el ámbito de la respuesta ante desastres, sino también de la profesionalización del personal involucrado en la lucha contra incendios.

Finalmente, Francisco Igea criticó literalmente la falta de reconocimiento hacia los voluntarios fallecidos en el combate de las llamas, señalando la incapacidad del consejero de rendir tributo a quienes arriesgaron sus vidas. Acusó a Suárez-Quiñones de ser un "sinvergüenza" incapaz de enfrentar la realidad y apuntó a la responsabilidad del presidente de la Junta.

En una nota final, el procurador no adscrito Javier Teira, quien votó en contra, mencionó que la reprobación puede llevar a la estigmatización personal. A pesar de considerar la gestión como discutible, defendió la necesidad de reformas y una legislación audaz que no se base en ataques personales.