Guardia civil en Valladolid exonerado por acceder indebidamente a datos de su inquilino y avalista.
VALLADOLID, 27 de marzo.
La Audiencia Provincial de Valladolid ha dado a conocer su fallo en el controversial caso de un agente de la Guardia Civil que accedió a información privada de su arrendatario y su tío a través del sistema INTPOL. El funcionario estaba involucrado en un alquiler de un departamento en la capital de Castilla y León.
A pesar de que el Ministerio Público solicitó una pena de tres años y medio de prisión, además de una multa de 7,200 euros y una inhabilitación de nueve años, la Sección Segunda de lo Penal decidió absolver al acusado. Según la corte, aunque se confirmaron los accesos a la base de datos, no quedó comprobado que fueran ilegales ni que causaran algún daño tangible, no cumpliendo así con los requisitos del delito que se le imputaba, según informaron fuentes legales a Europa Press.
La situación se complicó para la acusación cuando el arrendatario que presentó la denuncia no se presentó en el juicio, ya que se le ubica en algún lugar de Estados Unidos. Además, Ricardo Amador, el tío y avalista del contrato, brindó su testimonio a favor del acusado, indicando que tanto él como su sobrino le habían dado permiso explícito para consultar su información personal con el fin de verificar su confiabilidad.
El guardia civil, cuya sede se encuentra en Medina de Rioseco, defendió su inocencia y afirmó que toda consulta realizada sobre los datos de sus inquilinos, tanto antes como después de la firma del contrato de arrendamiento, contó con el consentimiento de estas personas. Específicamente, mencionó una reunión previa a la firma del 19 de julio de 2021, donde se acordó que podría realizar las comprobaciones necesarias por su condición de policía.
En sus declaraciones, el agente detalló que el inquilino le había solicitado que revisara la base de datos poco antes de que venciera el contrato debido a su implicación en un accidente de tráfico. Se reveló que el agente había consultado el expediente del arrendatario en varias ocasiones, incluso después de que se acumulasen impagos, y descubrió que este tenía un reporte por un robo en un establecimiento de Mediamarkt.
El juicio se desarrolló sin la presencia del denunciante, lo que dejó al tribunal con el testimonio del tío del inquilino. Amador corroboró la defensa del guardia civil, afirmando que desde el inicio autorizaron al funcionario a revisar sus datos personales para asegurarse de que eran personas dignas de confianza.
A pesar de que el testimonio del avalista y el del guardia civil coincidían, el fiscal mantuvo su solicitud de pena, argumentando que la utilización de la base de datos fue injustificada y que violó la privacidad de las personas involucradas, aprovechándose de su estatus como funcionario público y sin que ninguna de las dos personas estuviera bajo investigación previa.
El acusador expresó su frustración ante la falta de pruebas contundentes, en parte debido a la ausencia del arrendatario, y criticó la relación tensa entre el tío y el sobrino. Además, destacó las búsquedas realizadas por el agente tras finalizar el contrato, cuando comenzaron los problemas de pago.
En 2023, el arrendatario presentó una denuncia contra el agente, solicitando una orden de alejamiento. Se alegó que el guardia civil lo presionó para que pagara, amenazándolo con informaciones sobre el hurto y sugiriendo que tenía conexiones en el ámbito judicial.