La Fiscalía y la Junta enfrentan el dilema de los menores migrantes en Castilla y León

¿Sabías que la Fiscalía ya actúa para determinar la edad de los menores no acompañados en Castilla y León? Pero la Junta sigue sin colaborar en las reuniones y niega más acogida.

El delegado del Gobierno recuerda que la fiscalía realiza pruebas médicas y jurídicas para confirmar si un joven es menor, algo que la Junta parece ignorar con sus declaraciones. La cuestión no es solo de papeleo, sino de derechos básicos y protección infantil.

¿Qué implica esto para los ciudadanos? Que la incertidumbre y la falta de diálogo pueden poner en jaque la protección de menores y la gestión de recursos. La comunidad necesita claridad y cooperación, no discursos políticos que solo generan división.

Si la situación sigue así, los menores no acompañados seguirán sin un plan claro y sin recursos adecuados. La falta de acuerdo puede derivar en mayores riesgos y en que Castilla y León quede al margen de una responsabilidad que es de todos.

Para los vecinos, esto significa que la crisis migratoria no es solo un problema de cifras, sino de cómo se gestiona en la calle, en los centros y en la convivencia. La actitud de las autoridades afecta directamente a la seguridad y la cohesión social.

¿Qué deberían hacer ahora? La Junta y el Gobierno deben sentarse y dialogar, poniendo por delante los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar un trato digno a los menores y una gestión justa para todos.